28 de julio de 2009
28.07.2009
 
La trama Gürtel llega a Castilla y León
 

Una constructora leonesa que pagó a Correa utilizó siete millones en billetes de 500 euros

Rubalcaba tilda de delirante la denuncia del PP y le avisa de que no amedrentará al Estado de derecho l Los populares, a la espera del suplicatorio de Bárcenas

28.07.2009 | 02:00
Rubalcaba habla con el director de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, y el rector Salvador Ordóñez.

Oviedo / Madrid

Una nueva filtración de las investigaciones sobre el «caso Gürtel» da cuenta de la expansión de operaciones de la trama corrupta de Francisco Correa a Castilla y León, más allá de Madrid y Valencia, donde hasta ahora se había centrado la investigación judicial de estos últimos meses, y que ya suma más de 100 imputados.


El informe de Hacienda que ha llevado al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al diputado Jesús Merino a ser investigados por el Tribunal Supremo ha sacado a la luz que la empresa leonesa Teconsa ha realizado pagos por casi siete millones en billetes de 500 de 2004 a 2007.


Entre los papeles de Correa hay un fax de la Consejería de Fomento de Castilla y León, dirigido por José Manuel Fernández Santiago, (actual presidente de las Cortes) con la concesión de la variante de Olleros de Alba, por 2,45 millones, a Teconsa, una empresa relacionada con la trama y que tenía entre sus directivos a José Ramón Blanco Balín, imputado en el «caso Gürtel».


En su instrucción, el juez Garzón ya recogía que Correa había anotado junto al fax 73.650 = 12.255. 73.650 euros es el 3 por ciento de los 2,45 millones de la adjudicación, y 12.255, la traducción de 73.650 euros a millones de pesetas. Se trata de la comisión pagada a Correa para influir en la adjudicación de la obra.


La Agencia Tributaria detectó que otra empresa relacionada con Correa, Constructora Hispánica, además de pagos en negro por 1,6 millones para Bárcenas, había realizado pagos superiores al millón de euros en billetes de 500 a empresas pantalla que emitían facturas falsas. Constructora Hispánica obtuvo adjudicaciones de tramos del AVE por 99,1 millones.


Estas nuevas filtraciones han avivado la preocupación en el PP de que el escándalo se extienda a Castilla y León, ya que entonces el «caso Gürtel» afectaría a tres de las seis regiones donde gobierna. Los populares temen que Bárcenas en su declaración en el Tribunal Supremo hubiera dicho al magistrado que investigue a los responsables de esa adjudicación de la variante de Olleros.


En cuanto a Valencia, los correos electrónicos de los principales dirigentes de la trama corrupta que presuntamente salpica a gobiernos del PP acreditarían el supuesto pago de varios miles de euros en regalos de ropa a Francisco Camps. Uno de esos correos recoge el siguiente mensaje de Pablo Crespo a Álvaro Pérez: «Te envío la relación de compras de la Comunidad Valenciana: cinco trajes a 950 = 4.750; 1 zapatos = 274,50; 1 zapatos = 184,50; 1 zapatos = 184.50; total: 5.392,50».


Tras la comparecencia como imputados de Bárcenas y Merino -a ambos se les atribuye presuntos delitos de cohecho y de fraude fiscal-, el Tribunal Supremo debe decidir esta semana si archiva la causa o si pide el suplicatorio al Senado y al Congreso. El suplicatorio sería el detonante de la dimisión transitoria de Bárcenas, como él mismo ha prometido.


Aunque no ha asistido a las últimas ejecutivas, el presidente valenciano, Francisco Camps, podría ser hoy otro de los protagonistas del comité de fin de curso del PP, ya que está pendiente de que el Tribunal Superior decida si sigue adelante con la instrucción o si la archiva.


El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, advirtió al PP de que no conseguirá «amedrentar» al Estado de derecho con la denuncia que ha presentado en relación a las filtraciones del «caso Gürtel», y en la que la oposición ha pedido que declaren el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, así como el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González. Para Rubalcaba, la denuncia es «sencillamente delirante». Lo que se pretende es que «para no discutir de la corrupción del PP, vamos a discutir sobre las filtraciones», apuntó.

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