07 de agosto de 2009
07.08.2009
Contraataque de la oposición tras la absolución de Camps

El PP denuncia escuchas ilegales a altos cargos populares no ligados a sumarios

Gobierno y Policía reclaman a De Cospedal que acuda con pruebas a los juzgados o se retracte l De la Vega ve «nerviosismo» en las filas de Rajoy

07.08.2009 | 02:00
HIJA DE PREBOSTE FRANQUISTA. La vicepresidenta De la Vega -en la foto, con el presidente paraguayo, Fernando Lugo- tuvo que precisar ayer en el Congreso paraguayo que su padre, Wenceslao Fernández de la Vega, fue un represaliado y no un alto cargo del franquismo, después de que fuera presentada así antes de intervenir en el Parlamento. El padre de De la Vega fue alto funcionario durante la II República y sufrió depuración tras el triunfo de la rebelión militar.

Marbella / Asunción / Oviedo

El PP profundizó ayer el contraataque iniciado tras el sobreseimiento por el Tribunal Superior de Valencia de la causa por cohecho contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. La secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, afirmó, en entrevista con la agencia «Efe», que a su partido le consta que se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que «no tienen nada que ver con los sumarios» y a destacados dirigentes del PP.

La denuncia de la «número dos» del PP se produce 48 horas después de que, en un polémico vídeo de su propio partido, pidiera al Gobierno que persiga a ETA antes que al PP y lamentase que España viva lo que calificó de «Estado policial». Estas últimas declaraciones fueron hechas a raíz de que la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega anunciara desde Costa Rica que la Fiscalía recurrirá el sobreseimiento de la causa contra Camps. El anuncio fue muy criticado por lanzarse antes de que la propia Fiscalía se hubiera pronunciado y dio pie al PP a acusar al Gobierno de manipular al ministerio público.

«Se están produciendo, a veces de manera ilegal, escuchas telefónicas de personas que no tienen nada que ver con algún sumario» judicial, dijo ayer De Cospedal. «Y se hacen de manera ilegal, nos consta», puntualizó la dirigente popular, quien apuntó que hay altos dirigentes nacionales de su partido cuyo teléfono ha sido «pinchado». De Cospedal aseguró que tanto el PSOE como el Gobierno «intentan corromper a las instituciones de la democracia», incurriendo así en un caso de «corrupción política».

Nada más difundirse las declaraciones de la secretaria general del PP, la propia De la Vega reaccionó desde la capital paraguaya, Asunción. La Vicepresidenta instó a De Cospedal a acudir a los tribunales si cree que se está cometiendo algún delito o a retractarse, porque está «despreciando» el trabajo de policías, jueces y fiscales. «Vivimos en un Estado de derecho que hemos construido entre todos con mucho esfuerzo para que ahora, por intereses particulares, venga (el PP) a lanzar sombras de sospechas sobre el funcionamiento de nuestro Estado de derecho», advirtió la Vicepresidenta Primera.

A su juicio, la «escalada verbal» de los dirigentes populares en los últimos días evidencia su «nerviosismo», por lo que les instó a tranquilizarse y a actuar con más responsabilidad. De la Vega estimó que los líderes del PP «deberían serenarse» porque «no hay conspiraciones contra ellos», sino el funcionamiento normal de las instituciones.

De igual modo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) pidió a la «número dos» popular que acuda a un juzgado si tiene pruebas para hacerlo. En ese caso, el SUP, dijo su secretario general, José Manuel Sánchez Fornet, le garantiza su apoyo. No obstante, Fornet le advirtió, en declaraciones a «Europa Press», de que su afirmación es «muy dura» como para no sustentarse en pruebas.

Sánchez Fornet aprovechó para reflexionar sobre los medios tecnológicos con los que cuentan hoy en día los cuerpos policiales. «Hay elementos técnicos en poder del CNI, Policía, Guardia Civil, no sé si de la Ertzaintza y los Mossos, pero si no los tienen los adquirirán, y en otros muchos servicios de Inteligencia, que permiten controlar las ondas, escuchar y grabar sin dejar rastro y sin control. Otra cosa es que se haga, y más complicado aún es poderlo demostrar», afirmó.

El PP ya pidió, en la denuncia que presentó por supuestas filtraciones del «caso Gürtel», que se investiguen las escuchas telefónicas y las resoluciones judiciales en las que se sustentan, ante la posibilidad de pinchazos ilegales. La denuncia fue presentada en Madrid el 24 de julio y en ella se pide también que se tome declaración al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, por un supuesto delito continuado de revelación de secretos.

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