Barcelona / Oviedo, Agencias
El acto de apoyo a Baltasar Garzón celebrado ayer en la Universidad de Barcelona se convirtió en un clamor contra la «criminalización» del magistrado, con contundentes ataques al Tribunal Supremo, que instruye tres causas contra él, una de ellas por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
Al acto de Barcelona, organizado por una plataforma de ciudadanos a la que apoya la Generalitat, asistió el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que participó el pasado día 13 en un acto de reconocimiento y apoyo al juez organizado por UGT y CC OO en la Universidad Complutense de Madrid.
También asistieron destacados socialistas catalanes como el ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall. Pero fue el ex fiscal jefe de Cataluña José María Mena el que se mostró más duro. «Entonces aparecieron frente a los herederos de las víctimas (del franquismo), víctimas ellos, los herederos de los asesinos fascistas, fascistas también ellos», denunció Mena.
A juicio de Mena, «escandaliza que se le impute a Garzón dilación en la instrucción de la causa, que le ocupó once meses durante los que le llegaron diecisiete denuncias de diferentes asociaciones, cuando el Tribunal Constitucional está empantanado con el Estatut de Cataluña desde hace cuatro años».
Mena también denunció que se impute al juez Garzón no tener en cuenta la ley de Amnistía, «que es preconstitucional» y que fue copiada por diversas dictaduras latinoamericanas, y «faltar al honor» de Falange Española.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá sobre la suspensión cautelar de Garzón en un pleno extraordinario que se convocará en cuanto este órgano reciba el auto en el que el magistrado del Supremo Luciano Varela acuerde la apertura de juicio oral al juez de la Audiencia Nacional.
Aunque inicialmente estaba previsto que la suspensión de Garzón se viera en el pleno del próximo jueves, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, explicó ayer que el asunto no será estudiado porque el Supremo aún no ha remitido al Consejo la resolución de Varela.
Mientras, el sindicato ultraderechista Manos Limpias solicitó al Supremo que abra juicio oral contra el juez de la Audiencia Nacional y solicita una pena de veinte años de inhabilitación para él.
