La organización internacional Human Rights Watch pidió este jueves al presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y a los Estados miembros de la UE, que expresen "su oposición a las posibles sanciones contra el juez español Baltasar Garzón por investigar los abusos cometidos durante la dictadura franquista".

"Garzón ha hecho esfuerzos para lograr justicia para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos en el extranjero, y ahora está siendo castigado por intentar hacer lo mismo en su propio país", expresó Lotte Leicht, directora de la oficina ante la UE de Human Rights Watch. "La decisión de procesar a Garzón permite que España y Europa sean acusadas de aplicar un doble rasero y socava la credibilidad y efectividad de la UE en la lucha contra la impunidad por delitos graves", agregó.

A juicio de HRW, la decisión de Garzón de investigar el franquismo y no aplicar la Ley de Amnistía española tiene sustento tanto en el derecho internacional convencional como consuetudinario, que obliga a los Estados a investigar los delitos internacionales más graves, incluidos los crímenes de lesa humanidad.

Las sanciones contra Garzón representan un duro golpe para los familiares de las víctimas de delitos graves cometidos en España, afirmó Human Rights Watch, al igual que también podrían debilitar la credibilidad y la efectividad de la UE en su conjunto a la hora de promover justicia por violaciones a los Derechos Humanos que se están cometiendo en la actualidad, ya sea en Darfur, en la República Democrática del Congo o en Sri Lanka.

Según el derecho internacional, resaltó esta organización, los Gobiernos tienen la obligación de garantizar a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos un acceso equitativo y efectivo a la justicia, así como recursos efectivos --incluido el derecho a la justicia, la verdad y a una reparación adecuada-- con posterioridad al abuso.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por España en 1977 --con anterioridad a la adopción de la Ley de Amnistía-- dispone específicamente que los gobiernos tienen la obligación "de garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades... hayan sido violados (pueda) interponer un recurso efectivo", dijo HRW.

Apuntó que en 2008, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, encargado de supervisar el cumplimiento del PIDCP, instó a España a derogar la Ley de Amnistía de 1977 y a garantizar que los tribunales nacionales no aplicasen plazos de prescripción en los casos de delitos de lesa humanidad.

Asimismo, en 2009, el Comité contra la Tortura recomendó que España debería "asegurar que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía" y alentó a España a "continuar intensificando sus esfuerzos para ayudar a las familias de las víctimas a esclarecer la suerte de los desaparecidos, identificarlos y obtener las exhumaciones de sus restos, siempre que sea posible".

Human Rights Wacht recordó asimismo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó en 2009 (Ould Dah c. France No. 13113/03, Decisión sobre admisibilidad), como principio general, que las leyes de amnistía son generalmente incompatibles con la obligación de los estados de investigar los actos de tortura o barbarie.