El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha instado a los poderes públicos a que pongan los medios "que sean necesarios" para garantizar que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) todo el alumnado comprenda y se exprese con corrección, oralmente y por escrito, en lengua castellana y, si la hubiere, en la cooficial de la comunidad autónoma.

Esta es una de las novedades que incorpora el texto final de propuestas para el Pacto Social y Político por la Educación, un documento de doce objetivos y 148 propuestas que tienen como finalidad la creación de un sistema educativo que "garantice la equidad y la excelencia en todos sus niveles".

Otros puntos que amplía el nuevo texto hacen referencia al refuerzo de la autoridad del profesor pero sin llegar a concederle el rango de autoridad pública y plantea "revisar la estructura del Bachillerato para flexibilizar su organización y establecer los procedimientos necesarios para que el alumnado pueda superar todas las materias".

En cuanto al reconocimiento de la autoridad del profesorado, exigencia manifestada por algunos dirigentes del PP y sindicatos del profesorado, la propuesta de Gabilondo propone apoyar a los docentes y a los equipos directivos de los centros "reforzando su autoridad social, académica y profesional en el ejercicio de sus funciones".

Además, "se establecerá la asistencia jurídica necesaria y adecuada ante las demandas que pudieran derivarse de su actuación profesional, lo que está asociado al reconocimiento de su autoridad y a un mayor reconocimiento social, especialmente por parte de las familias, fomentando el respeto y un buen clima de convivencia en las aulas para conseguir que todos los centros sean lugares adecuados para el estudio y el trabajo".

La memoria económica del pacto es otro de los aspectos que este jueves dio a conocer el ministro. Así, se destinarán 1.570 millones de euros para desarrollar el Pacto por la Educación en los próximos tres años, aunque el Gabilondo ha renunciado a blindar las reformas por ley.

Por otra parte, el documento concreta que "la programación general de la enseñanza por parte de las administraciones educativas debe favorecer la libertad de elección de las familias" para lo que la propuesta compromete a facilitar a los padres "una adecuada información sobre los proyectos educativos de cada uno de los centros públicos y privados concertados de su correspondiente ámbito territorial".

Para hacer frente al abandono del sistema educativo por parte de los jóvenes, tras completar la educación obligatoria, el texto plantea que se fomente que todos los estudiantes continúen su formación, como mínimo hasta los 18 años, "flexibilizando las ofertas formativas, impulsando el aprendizaje a lo largo de la vida y ofreciendo alternativas que permitan compatibilizar formación y empleo", a fin de alcanzar el objetivo europeo de un 85% de jóvenes con una titulación secundaria postobligatoria.

El ministro también propone las "modificaciones legislativas necesarias" para impulsar el cumplimiento de los objetivos educativos de la década 2010-2020, así como las que se puedan derivar del seguimiento y aplicación de las diferentes medidas contempladas en pacto, que se realizarán buscando el "máximo consenso".

Asimismo, señala se intensificará la colaboración y cooperación de las administraciones educativas con las distintas administraciones públicas y con la comunidad educativa "para alcanzar la mayor estabilidad normativa posible, procurando la implicación y corresponsabilidad de todas ellas en dicha tarea".