Madrid / Oviedo, Agencias

El presidente del Santander, Emilio Botín, declarará el próximo 12 de mayo ante el Tribunal Supremo en la causa abierta a Baltasar Garzón por prevaricación y cohecho en relación con los cobros del juez por unos cursos en la Universidad de Nueva York, patrocinados por la mencionada entidad financiera, y tras los que el magistrado de la Audiencia archivó una querella contra el banquero.

Ayer declaró ante el alto tribunal una de las testigos propuestas por la acusación, María del Mar Bernabé, la funcionaria de la administración de justicia que acompañó a Garzón como asistente durante su permanencia en Nueva York. Sin embargo, no comparecieron los dos testigos del centro Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York.

Los querellantes, los abogados Mazón y Antonio Panea, relacionan la supuesta percepción de 302.000 dólares por Garzón con la decisión de éste de no admitir a trámite tres meses después una querella contra directivos del Banco Santander, entre ellos su presidente, Emilio Botín, en el proceso penal por las «cesiones de crédito». La fiscalía no ve delito en la actuación del juez.

Mazón aseguró a la agencia «Efe» que ha sido el instructor de la causa, el magistrado Manuel Marchena, quien citó a Botín «de oficio», ya que ninguna de las partes lo había solicitado y añadió que su declaración «es importante» porque «puede esclarecer muchísimas cosas». Marchena también ha llamado para el 6 de mayo a los responsables del Banco Santander en Estados Unidos Gonzalo de las Heras y Rodolfo Icaza. Ayer estaban citados la subdirectora del Centro Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York, Laura Turégano, y el ex director de este organismo James Fernández, quienes, al no haber comparecido, prestarán declaración por videoconferencia.

Por otra parte, la sesión de control en el Congreso se convirtió ayer en un duro cruce de acusaciones entre Gobierno y PP. Seis ministros tuvieron que responder sobre las «presiones» al Supremo tras la imputación a Garzón por investigar los crímenes del franquismo.

Los «populares» exigieron el cese del secretario de Estado, Gaspar Zarrías, por acudir a un acto en defensa de apoyo al juez «junto a los que llamaban torturadores a los magistrados del Supremo», dijo Soraya Sáenz de Santamaría al denunciar falta de respeto del Gobierno a las instituciones.

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega acusó al PP de «desempolvar» el ventilador para no dar ni una sola explicación «del traje de 50.000 folios que les han hecho» por el escándalo de la trama de corrupción «Gürtel». Los populares también pidieron cuentas a Manuel Chaves por mantener en su cargo a Zarrías, de quien «la única actividad conocida es la agitación contra el Poder Judicial». «Los que se saltan a la torera el Estado de derecho son los que meten la mano en la caja y cogen el dinero público que es de todos», replicó el Vicepresidente.

Federico Trillo criticó la «desfachatez» de invocar la libertad de expresión para justificar los ataques al Supremo y preguntó al Gobierno por qué no insta al fiscal general a actuar. A lo que el ministro de Justicia le respondió que eso son cosas de otros tiempos. Ante la acusación de haber cuestionado la independencia judicial cuando expresó su deseo de que «los falangistas no se salieran con la suya», el ministro José Blanco afirmó que el PP sólo pretende emprender una «cruzada» contra Garzón por investigar la corrupción que les afecta. También Rubalcaba tuvo que escuchar críticas por no respetar la transición, informa «Efe».