Madrid / Oviedo, Agencias
El instructor de la causa abierta en el Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón por prevaricación al investigar las desapariciones del franquismo, Luciano Varela, ha expulsado de esta causa a Falange Española y de las JONS tras haber expirado, sin resultado, el plazo que le dio el miércoles para que subsanara los errores formales del escrito de acusación que presentó contra el juez. En cambio, Manos Limpias sigue, tras suprimir los párrafos que Varela considera ajenos al procedimiento.
En una breve providencia, el magistrado señala que, no habiendo sido atendido su requerimiento, se tiene al procurador de Falange «por precluido en su derecho a formular acusación y apartado de la querella» con los efectos del artículo 274 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, donde ese establece que el particular querellante «podrá apartarse en cualquier tiempo quedando, sin embargo, sujeto a las responsabilidades que pudieran resultar por sus actos», por lo que no se descarta la exigencia de las mismas a los responsables de Falange.
La admisión de al menos uno de estos escritos es condición indispensable para que Varela pueda dictar auto de apertura de juicio oral contra Garzón, puesto que la fiscalía no le acusa en este procedimiento. Las asociaciones de la memoria histórica tacharon la expulsión de Falange de «lavado de cara» para seguir adelante con la causa.
Falange recurrirá el lunes su expulsión de la causa. La Fiscalía del Supremo alegó mientras tanto que las partes personadas como acusación popular (Manos Limpias, Igualdad e Identidad y Falange) «carecen de legitimidad procesal para instarla». La primera de estas organizaciones calificó de indigno y desleal al ministerio público.
La Sala Especial del Tribunal Supremo rechazó ayer las recusaciones de asociaciones para la recuperación de la memoria histórica y por Carmen Negrín, nieta del último jefe de Gobierno de la II República, que pretendían apartar a magistrados de las resoluciones relativas a la causa abierta a Garzón. Las recusaciones afectaban a la mayoría de los magistrados de la Sala de lo Penal, entre ellos su presidente, Juan Saavedra, así como al propio presidente del Supremo, Carlos Dívar, y se habían presentado por entender que todos ellos incurrían en «falta de imparcialidad» al haber jurado en su día «lealtad al Caudillo» al entrar en la carrera judicial.
En el escrito que remitieron en su día al Supremo, las partes recusadoras también tildaron de «contaminada» la propia Sala del 61, que ya tenía sobre la mesa la posible recusación de los cinco magistrados que admitieron a trámite la querella contra el juez Garzón por el asunto de la memoria histórica.
