Madrid / Oviedo
La salida temporal de Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional, en el caso de que el Poder Judicial dé luz verde hoy a su traslado al Tribunal Penal Internacional (TPI), afectará al desarrollo de las numerosas causas que tramita el juez, entre las que se encuentran el denominado «caso Faisán», relacionado con un supuesto «chivatazo» policial a responsables de la red de extorsión de ETA para evitar una detención.
También afecta al «caso Bateragune», con el que el entorno de ETA pretendía crear «un referente político» que pudiera concurrir a las elecciones municipales de 2011. De igual modo, afectaría a la investigación sobre una de las redes de mafia rusa radicadas en España, a casos de posible corrupción en Cataluña -como el «caso Pretoria»- y a otros asuntos como el genocidio en el Sahara y las torturas en Guantánamo.
El TPI es el órgano permanente encargado de juzgar a los responsables de crímenes de genocidio, de guerra y contra la Humanidad, y está considerado el embrión de la justicia universal. Creado en 2002 tras casi medio siglo de negociaciones -iniciadas poco después de los juicios de Nüremberg y Tokio a los responsables de la Segunda Guerra Mundial- el TPI es el primer tribunal permanente de la historia del derecho internacional encargado de este tipo de delitos. Desde entonces, el TPI ha abierto cinco casos, todos en países africanos: Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudán y Kenia. La principal laguna del TPI ha sido la negativa a participar de EE UU, China, India y Rusia.
