Madrid / Oviedo
El Pleno del Congreso aprobó ayer una moción por la que se insta al Gobierno a impulsar el desarrollo de la ley de la Memoria Histórica, especialmente para garantizar la responsabilidad de todas las instituciones del Estado en las labores de búsqueda y exhumación de fosas de las víctimas del franquismo.
La moción, consecuencia de una interpelación presentada por IU-ICV -que acordó una enmienda de sustitución con el PSOE- salió adelante con 186 votos a favor (de estos dos grupos, junto con CiU, PNV, ERC y la mayoría del Mixto), 145 en contra (del PP y UPN), y una abstención (Coalición Canaria).
La iniciativa insta al Gobierno a garantizar «la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas», de manera que, si no lo garantizan las autonomías, sea la Administración central la que lo haga subsidiariamente, y a potenciar la Oficia de Atención a las Víctimas para facilitar los procedimientos.
También recuerda que el ordenamiento jurídico español «obliga a la persecución de los crímenes contra la Humanidad y de genocidio», aunque declara su respeto a la interpretación que de las normas hacen jueces y tribunales.
IU-ICV no logró el acuerdo del PSOE, no obstante, para constituir un día anual de conmemoración de los represaliados, o crear una fiscalía especial para estos crímenes y un alto comisionado para atender a las víctimas.
El diputado de ICV, Joan Herrera, durante su defensa de la iniciativa, subrayó que su aprobación es una «buena noticia» para las familias de las víctimas que se sienten «solas» buscando a sus desaparecidos, sin respaldo de la Administración ni la justicia.
También es un paso, dijo, contra quienes «han querido hacer saltar por los aires el pacto constitucional desnaturalizando la ley de amnistía» para evitar que se persigan los crímenes de lesa Humanidad y genocidio que se cometieron durante la dictadura. Con todo, Herrera se mostró escéptico respecto al cumplimiento de la moción por el Gobierno, puesto que, sostuvo, «no quiere ir tan lejos como la sociedad».
Por su parte, fuentes del Ejecutivo afirmaron que la moción no obliga a reformar la ley de la Memoria Histórica, aunque sí a velar por su efectivo cumplimiento potenciando la acción de la Oficina para las Víctimas.
