Madrid / Oviedo, Agencias
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aplazó ayer su decisión sobre el traslado de Baltasar Garzón al Tribunal Penal Internacional, donde se le ha ofrecido una plaza, a la espera de recibir nuevos informes. Además, se solicita a la Fiscalía de la corte de La Haya que, a la vista de la suspensión del juez, indique si confirma el ofrecimiento de un contrato de consultoría como asesor externo y si dicho contrato lleva implícita algún género de inmunidad procesal.
Tras casi dos horas reunida, la Comisión Permanente no logró alcanzar un acuerdo sobre la petición de Garzón. Una vez se reciban los informes solicitados, la Permanente se reunirá con carácter inmediato para adoptar una decisión. Entre los nuevos documentos, se encuentra uno que exige a la Sala de lo Penal del Supremo, la misma que acumula tres querellas contra el juez.
La Comisión, integrada por el presidente del Consejo, Carlos Dívar, y los vocales Margarita Robles, Almudena Lastra, Antonio Dorado y Manuel Almenar, busca aclarar si la actual situación administrativa de Garzón, una vez suspendido, modifica lo informado sobre su petición de traslado al TPI hace tan sólo unos días, cuando todavía era un juez en activo.
Igualmente, se solicita tanto al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, como al Ministerio de Exteriores que informen sobre la petición hecha por Garzón de ser declarado en la situación de servicios especiales, con el juez suspendido ya.
Finalmente, el propio Consejo del Poder Judicial deberá emitir un informe que aclare si procede la petición de Garzón una vez ya ha sido acordada y notificada formalmente su suspensión cautelar. Estos informes se añadirán a los cuatro que el CGPJ solicitó el pasado martes para estudiar la petición de Garzón. Entre ellos se encuentra uno realizado por el Servicio de Personal del propio CGPJ que desaconsejaba el traslado por no cumplir la oferta dada a Garzón con los requisitos que marca la ley para declarar a un juez en situación de «servicios especiales». El resto de informes es favorable a la solicitud.
El presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, dijo que no va permitir ningún tipo de injusticia y que se busca llegar a soluciones satisfactorias para todos. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) enmarcó la decisión en «la más absoluta normalidad», porque Garzón «no es diferente al resto de los jueces y magistrados españoles» y no puede ser objeto de «un trato diferenciado». Para Jueces para la Democracia ha sido «la crónica de una suspensión anunciada», ya que la ley «no dejaba ninguna otra opción».
La Asociación Francisco de Vitoria dijo que quizás el CGPJ «debería haber solucionado primero» la petición, anterior en el tiempo de Garzón sobre su traslado, que Jueces Para la Democracia considera que hay que autorizar.
