Oviedo

La suspensión del juez Garzón está lejos de suscitar en la prensa española la unanimidad que sí alcanzó en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así, el diario «El País», en un editorial titulado «Yo, el Supremo», califica de «espectáculo internacional» y «vergüenza» haber sentado a Garzón en el banquillo y acusa a sus colegas de «ensañamiento» por haberle negado «una salida digna, como era su traslado a la Corte Penal Internacional» antes de la suspensión.

El diario resalta que la unanimidad del CGPJ indica que no tenía otra alternativa legal, toda vez que el instructor ya había abierto juicio oral. Sin embargo, matiza, «la baza esencial de la partida» se jugó cuando el Supremo, «con parcialidad llamativa», aceptó tramitar la querella «planteada por dos organizaciones ultraderechistas», en lugar de archivarla siguiendo el criterio de la Fiscalía o aplicando la doctrina derivada de la «sentencia Botín», a saber, que no procede abrir causa sólo con la acusación popular.

Para el rotativo, en la instrucción de la querella se cercenó el derecho de Garzón a la defensa, por lo que hace votos para que esto no ocurra en el juicio y sostiene que una condena sería «una herida más» para los familiares de miles víctimas sin sepultura de la Guerra Civil y el franquismo.

Por su parte, «El Mundo» titula su editorial «El día en que Garzón perdió su estrella». En él, tras dejar sentado que el CGPJ se limitó a aplicar la ley «en medio de una campaña de insultos e intimidación», acusa al magistrado de estar «maniobrando hasta el último minuto para evitar lo inevitable».

El editorial admite que Garzón «ha rendido buenos servicios a la Justicia», aunque le acusa de haber «abusado» de su poder con «interpretaciones de las leyes que se apartaban del Derecho», hasta que el Supremo «ha empezado a decir basta».

El diario afirma que el juez, al que atribuye «muchos errores», no va a sentarse en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo sino por haber vulnerado la legalidad «en pos del brillo mediático». Y anticipa que, si saliese indemne de las tres causas abiertas contra él, volvería a su puesto en una Audiencia Nacional que, reclama, tendrá que acotar sus competencias o ampliar su número de juzgados.