El juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional, tendrá que sentarse en el banquillo, imputado por prevaricación en el Tribunal Supremo por haber investigado los crímenes del franquismo. Este auto le ha supuesto de momento la suspensión cautelar como juez. Pero tiene además otras dos causas pendientes en el mismo tribunal, por las facturas de los cursos en Nueva York y por las escuchas entre los principales imputados del caso Gürtel. Pero su caso, con ser el más llamativo, no es único. Otros jueces, alguno de ellos también de las altas esferas de la magistratura, ya han pasado por este camino y se han enfrentado al otro lado de la Justicia, el de ser juzgados.
Estevill, el gran prevaricador. Uno de los procesos más sonados fue el del juez catalán Luis Pascual Estevill, condenado por el caso de corrupción judicial más grave en España. Recién estrenado 2005 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Estevill a nueve años y cuatro meses de cárcel, cuatro meses de inhabilitación y una multa de más de 1.800.000 euros por los delitos de cohecho y prevaricación cometidos en su etapa de magistrado de instrucción en Tarrasa y Barcelona en los años 90.
La sentencia considera probado que Estevill y el afamado letrado barcelonés Piqué Vidal -abogado de Pujol en el «caso Banca Catalana» y también condenado- acordaron extorsionar a diversos empresarios entre 1990 y 1994. Estevill ya había sido condenado en 2001 a siete años de cárcel por delito fiscal, y una sentencia anterior, de 1996, le impuso seis años de inhabilitación por prevaricación continuada.
La sentencia fue recurrida y llegó al Supremo, que falló en septiembre de 2006 y ratificó en casi todos sus puntos la condena del TSJC: nueve años de cárcel por seis casos de soborno, chantaje y actuaciones arbitrarias cometidas entre 1990 y 1994, por las que cobró 450.759 euros.
Para el Supremo estaba claro que el juez y el abogado Piqué urdieron un insidioso plan para extorsionar a los empresarios a los que el primero investigaba y el segundo defendía. Los empresarios abonaron diversas cantidades de dinero al juez y al abogado para no ingresar en la cárcel o para salir al cabo de unos días.
A Estevill le gustaba decir en su etapa de juez la frase «el pájaro, a la jaula» y el 20 de octubre de 2006, con 72 años de edad, el pájaro ingresó en la jaula de Quatre Camins, en Barcelona, un lugar que le era conocido porque allí pasó varios meses por otras causas.
Atrás dejó una carrera judicial que incluso le llevó, de la mano de CiU, a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial, del que fue expulsado tras su condena de 1996. Estevill, a sus 76 años, sigue en prisión.
Liaño se topó con Prisa. Francisco Javier Gómez de Liaño, gallego de nacimiento, saltó a la prensa tras admitir en 1997 una denuncia contra el grupo Prisa y procesar a su presidente, Jesús de Polanco, y a Juan Luis Cebrián y todo el consejo de administración de Sogecable.
Es el antecedente más parecido a Garzón. Hijo del fiscal y magistrado Mariano Gómez de Liaño, Javier era un juez famoso, vocal del CGPJ entre 1990 y 1995, que también llegó a la Audiencia Nacional, donde asumió casos relacionados con los GAL, como el de Lasa y Zabala.
A este alto tribunal llegó la denuncia contra Sogecable y Canal Plus por delitos de estafa, falsedad y apropiación indebida, en relación con los 23.000 millones de pesetas de fianzas depositadas por los abonados del canal de televisión.
Gómez de Liaño instruyó la querella, pero en el marco del procedimiento adoptó varias medidas de carácter cautelar que algunos de los querellados entendieron como constitutivas de prevaricación, por lo que se querellaron contra él.
Como Garzón, Gómez de Liaño pasó de la Audiencia Nacional a ser imputado en el Supremo. En 1999, Polanco lo denunció por prevaricación en la instrucción del caso y el magistrado fue condenado y apartado de la carrera judicial por el Supremo, que lo condenó a penas de multa e inhabilitación de 15 años para el ejercicio de funciones judiciales.
El juez inició entonces un entramado judicial contra los tribunales españoles. Recurrió en diversas instancias. Solicitó al Supremo la recusación de los magistrados que llevaban su caso, al Constitucional, donde alegó la vulneración de su derecho a un juez imparcial y llevó el caso al Tribunal de Estrasburgo.
Pero mientras éste decidía, fue indultado en 2000 por el Gobierno de Aznar para volver a la carrera judicial, con la condición de no incorporarse a la Audiencia Nacional durante 25 años. Él ha preferido desde entonces ejercer como abogado.
En 2008 el Tribunal de Estrasburgo le dio la razón. Si bien no le absolvió ni anuló las sentencias del Supremo ni del Constitucional, sí reconoció que España violó su derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, puesto que los tres magistrados que lo juzgaron ya habían intervenido previamente en la instrucción del caso. Los jueces de la Corte europea condenaron a España a indemnízale con 5.000 euros por «daños morales».
Martín asesoró a un narcotraficante. El CGPJ decidió el pasado abril expulsar de la carrera al ex presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín, por cuatro infracciones muy graves cometidas por favorecer a un narcotraficante. Aunque el Supremo consideró que los hechos no eran constitutivos de delito y fue absuelto, la vía disciplinaria siguió su cauce y el pleno del órgano de los jueces decidió apartar a Martín, al considerar las cuatro faltas de las que se le acusaba muy graves.
Martín había sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a año y medio de suspensión y una multa de 7.200 euros por su asesoramiento a la familia de un narcotraficante sobre cuya puesta en libertad bajo fianza tenía que decidir.
Antes de la vista oral, Martín sugirió al Fiscal Antidroga de Canarias que pidiese una fianza, aunque fuese millonaria, para que el acusado no entrase en prisión y también intentó convencer a sus compañeros de sala, sin conseguirlo. Sin embargo fue absuelto por el Supremo, que consideró el pretendido asesoramiento a un narcotraficante sin relevancia para ser considerado delito, sentencia muy discutida y calificada de «escandalosa» por algunos jueces.
Tras la condena del TSJC, Martín se convirtió, hace cuatro años, en el primer presidente de una Audiencia Provincial expulsado de la carrera judicial. Al absolverlo el Supremo, pidió la reincorporación y hace dos meses ocupó la plaza de presidente de la sección primera de la Audiencia de Las Palmas, que ahora, con 70 años, se ve obligado a dejar por la inhabilitación a la que le ha castigado el CGPJ.
