El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, instructor de la querella contra Baltasar Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, ha ordenado hoy la apertura de juicio oral contra el juez de la Audiencia Nacional por un delito de prevaricación.
La decisión de Varela se produce un día después de que Garzón haya solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el traslado a la Corte Penal Internacional (CPI) para ocupar un puesto de asesor del fiscal jefe durante siete meses.
El presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, enviará hoy mismo el auto de apertura de juicio oral al CGPJ, que tiene que decidir si suspende cautelarmente al magistrado de la Audiencia Nacional en un pleno.
En el auto, Varela rebate el argumento de la Fiscalía, que pidió el archivo de la causa al entender que las acusaciones populares (Manos Limpias y Libertad e Identidad, las únicas que acusan a Garzón) carecen de legitimación procesal para sentarle en el banquillo.
El instructor critica la posición del Ministerio fiscal, que, dice "omite, olvida o ignora" el criterio del Supremo respecto a la posibilidad de decretar la apertura de juicio oral a instancias solo de la acusación popular.
"No resulta admisible en Derecho que en sus alegaciones el representante del Ministerio Fiscal emplace a este instructor a que decida contra el criterio del Tribunal Supremo, pues al hacerlo confunde mi autonomía (...) con la obligación jurisdiccional que me corresponde cuando con mi resolución decido por mí mismo", asegura Varela.
También afirma que él nunca ha cambiado de posición jurídica favorable sobre la suficiencia de la acusación popular.
En el auto se designa como órgano competente para enjuiciar a Garzón a los magistrados que admitieron a trámite las querellas origen de esta causa: Juan Saavedra, Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo.
Tras dictar la apertura del juicio oral, se dará traslado del mismo al Ministerio Fiscal y a las partes, incluida la defensa de Garzón, quien tiene que presentar su escrito de defensa.
Las acusaciones populares han pedido al Supremo una pena de 20 años de inhabilitación para Garzón.
Para el abogado de Garzón, Gonzalo Martín Fresneda, la decisión de Varela, que considera injusta, es además prematura desde el punto de vista procesal ya que quedan varios recursos pendientes de resolver.
Mientras, el representante de Manos Limpias, Miguel Bernard, ha mostrado en el Supremo tras recoger el auto su satisfacción por la decisión de Varela y ha considerado "escandalosa" la "maniobra" de Garzón de pedir el traslado a La Haya.
Además de este auto, Varela ha dictado hoy otro en el que desestima el recurso de Garzón contra la resolución que transformaba en procedimiento abreviado las diligencias, con lo que anticipaba que le sentaría en el banquillo.
Frente a la alegación de Garzón de que la posición de Varela impone un riesgo para la independencia judicial, el instructor le recuerda que la libertad de decisión del juez "sólo tiene una sujeción insalvable: el imperio de la ley".
