Las menores de 16 y 17 años que decidan abortar sin informar a sus padres, alegando que pueden sufrir violencia intrafamiliar, tendrán que convencer al médico de esta situación, quien, a su vez, podrá recurrir a un psicólogo o a un trabajador social que corroboren la versión de la chica.
Así se desprende del borrador del desarrollo reglamentario de la nueva Ley del Aborto que se presentará en el Consejo Interterritorial de Salud del próximo lunes, para pasar después por el Consejo de Estado, y ser aprobado finalmente en el Consejo de Ministros, en forma de Real Decreto, antes del próximo 5 de julio.
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha informado hoy, en una rueda de prensa, de que las jóvenes que decidan poner fin a su gestación acudirán al centro sanitario, por "regla general", acompañadas de sus padres o tutores legales.
En el caso de que esto no ocurra, y la menor afirme que tiene "miedo o temor a sufrir violencia intrafamiliar o coacciones o algún tipo de presión que pueda torcer su voluntad", será el médico quien autorice la interrupción del embarazo sin que lo sepan sus padres.
"El médico tiene que evaluar las circunstancias que la joven le está planteando", ha comentado Jiménez, quien ha dicho que si éste tiene dudas puede solicitar "el informe de un psicólogo o a un trabajador social que certifique que ese miedo puede existir sobre la menor".
La ministra considera que con esta medida "se mantiene el espíritu" de lo aprobado en la Ley, cuyo texto sostiene que las jóvenes serán quienes tomen la decisión pero informando a los padres salvo en casos excepcionales de posible maltrato o coacción.
Si las chicas no quieren acudir a la clínica abortista con sus progenitores o con su representante legal podrán presentar una carta firmada por alguno de ellos o bien entregar un documento de identidad que acredite que son conocedores de los hechos.
Jiménez ha pormenorizado que el "consentimiento" del aborto se podrá certificar de "manera presencial", con la compañía de los padres o de sus tutores, o también con "una carta o una prueba escrita" o "una fotocopia firmada del carné de identidad".
Según la titular de Sanidad, ésta es una "práctica admitida en derecho" para acreditar el consentimiento en cualquier acto jurídico, por lo que, ha matizado, "no es que haya habido ninguna fórmula especial creada en esta Ley".
Ha explicado que la Ley de Autonomía del Paciente fija la mayoría de edad sanitaria en 16 años, a excepción de algunos puntos como es el de la interrupción voluntaria del embarazo, una salvedad que elimina esta nueva normativa, por la que se liberaliza el aborto hasta la semana catorce.
Las clínicas tendrán un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley para adecuarse a las condiciones que contiene esta norma, un aspecto que recoge otro Real Decreto sobre la Garantía de la Calidad Asistencial de la Prestación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que se elevará al Consejo de Ministros.
Otra novedad anunciada por la ministra es que serán los profesionales sanitarios de la Enfermería los que impartan la educación sexual en los centros educativos, como plantea la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
El objetivo de este proyecto es que disminuyan los embarazos no deseados y que se reduzca así el número de abortos, que en 2008 se elevaron hasta las 115.812 interrupciones de embarazo.
