Madrid / Oviedo

Un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha devuelto al Ministerio de Exteriores 146.000 euros, el dinero que faltaba para completar el medio millón que el departamento, entonces dirigido por Miguel Ángel Moratinos, envió al embajador de España en Kenia, Nicolás Martín Cinto, pocos días antes de la liberación del pesquero vasco «Alakrana», secuestrado por piratas somalíes.

Según relató ayer «El Mundo», la mayor parte de ese medio millón de euros que Exteriores mandó a la Embajada en Kenia para «gastos ordinarios», 354.000 euros, fue devuelto en abril del año pasado por un donante anónimo en una oficina bancaria donde el Ministerio tiene abiertas varias cuentas.

Sin embargo, faltaban 146.000 euros, y, según el diario madrileño, después de varios artículos que publicó sobre el controvertido asunto del rescate del «Alakrana», una persona se presentó en la sede de Exteriores y dijo que quería reponer lo que restaba de lo enviado a Martín Cinto, que dirigió la última fase de la negociación para liberar a los tripulantes del atunero.

Fuentes próximas al área de contabilidad de Exteriores, citadas por el rotativo, señalaron que había quedado «claro» que la persona «era agente del CNI».

Pero, si esto es así, resulta aún más chocante que el envío apresurado de medio millón de euros a la Embajada en Kenia, una operación que la actual titular del Ministerio, Trinidad Jiménez, no ha podido explicar todavía y que fue ordenada por la ex subsecretaria de Exteriores, María Jesús Figa. A propósito de estas cuestiones, el PP ha presentado varias preguntas en el Congreso; y no sólo sobre el uso que pudo darse al dinero enviado a la legación, sino sobre el reembolso de los primeros 354.000 euros, explica el periódico.

El juicio a los dos presuntos piratas somalíes, Abdu Willy y Raageggesey Adji Haman, por el secuestro del pesquero comenzará a celebrarse el próximo 31 de enero ante la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El tribunal estará formado por las magistradas Ángela Murillo (presidenta), Teresa Palacios y Carmen Paloma González, y ha fijado la fecha de inicio de la vista oral después de que a primeros de diciembre desestimara la solicitud del abogado de los piratas para que éstos fueron enjuiciados en Kenia.