El Gobierno sólo cumplirá la orden de la JEC de desalojar a los «indignados» si hay incidentes

Las concentraciones de protesta siguieron ayer muy activas en más de 50 ciudades españolas con los «indignados» dispuestos para resistir todo el fin de semana. La más numerosa sigue siendo la de la Puerta del Sol, miles de manifestantes la desbordaban. La respuesta de la prohibición de la JEC fue un «grito mudo» de los concentrados, que la pasada medianoche se taparon la boca con cinta adhesiva durante cinco minutos.

Horas antes, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se había reunido con los mandos policiales para decidir qué hacer. Mientras, el Tribunal Supremo y el Constitucional estudiaban dos recursos, presentados por IU y un abogado murciano, respectivamente, contra la prohibición aprobada por la JEC al considerar que pedir el voto para unos y excluir a otros son conductas que exceden del derecho de manifestación en estas 48 horas.

Las fuerzas de seguridad «saben lo que tienen que hacer» ante las concentraciones, respondió ayer el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, quien añadió que la Policía y la Guardia Civil actuarán con «inteligencia», bajo los principios de la «congruencia, oportunidad y proporcionalidad» para garantizar «todos los derechos».

Sin aclarar oficialmente si se desalojarán las concentraciones, el ministro del Interior dijo que en casos como éste lo que tiene que hacer el Gobierno es explicar que «no corre peligro nada», pues «la gente ejerce sus derechos» y la Policía garantiza que lo hace «en el marco de la ley».

Rubalcaba advirtió, sin embargo, de que «no hay democracia si no se cumplen ni se respetan las leyes». Interior ha reforzado la seguridad en Madrid durante este fin de semana desplazando unidades de antidisturbios procedentes de Galicia, Barcelona, Valencia, Sevilla y Valladolid.

El Ejecutivo sostiene que ni la normativa española ni la jurisprudencia europea permiten disolver una manifestación pacífica, aunque no esté autorizada. La ley de Seguridad Ciudadana limita la disolución de manifestaciones pacíficas cuando hay delito, provoquen alteraciones de orden público o los asistentes usen uniformes paramilitares.

La Abogacía del Estado recomendó que no se haga uso de la fuerza contra las protestas si no son violentas y que se actúe de forma «proporcionada» para cumplir con la prohibición de la JEC y desalojar de forma pacífica. La Generalitat catalana será «flexible». La Ertzaintza, por su parte, solamente actuará en el País Vasco ante alteraciones graves del orden público.

Los sindicatos policiales coincidieron en advertir que desalojar Sol sería «un enorme error» y generaría «un problema mayor» con unas protestas que hasta ayer estaban siendo pacíficas. «Queremos que se garanticen todos los derechos y se respete la jornada de reflexión», manifestó José Luis Rodríguez Zapatero al referirse a la decisión de prohibir las protestas que la Junta Electoral comunicó a todas las provinciales. El Presidente garantizó que se actuará «correctamente y con inteligencia» e instó a esperar a hoy, sábado, tras reconocer que se siente como «el principal interpelado» por los seguidores de Democracia Real Ya. Dirigentes del PS catalán le sugirieron ayer que se acerque a Sol para escuchar «el clamor de la mayoría».

Mariano Rajoy afirmó que si él fuera ministro del Interior cumpliría la ley y la resolución de la JEC, para lo que instó a Rubalcaba a no mirar a otro lado, a la vez que le deseó mucho acierto. Rajoy rebeló que ha hablado varias veces con un líder del 15-M. La número dos del PP, Dolores de Cospedal, proclamó frente a la protesta que «los españoles tenemos derecho a la jornada de reflexión». La polémica la sembró Esperanza Aguirre cuando dijo: «Estoy por convocar un campamento en la calle Ferraz hasta que se marche Zapatero», aunque después aclaró que hablaba en broma. Desde IU, Llamazares instó al Gobierno a no intervenir en ningún caso, tras considerar legítimo desobedecer la prohibición «ilegal» de la JEC.