22 de octubre de 2011
22.10.2011

ETA no decidirá sobre su disolución antes de las elecciones vascas, previstas para 2013

Las fuerzas de seguridad creen que la banda puede entonces volver a atentar l Interior reconoce que queda la tarea «más compleja»

22.10.2011 | 02:00
Camacho, tercero por la derecha, en la reunión con la cúpula policial.

Los analistas de los servicios de información de las fuerzas de seguridad del Estado trabajan con la hipótesis de que ETA no decidirá sobre su disolución hasta después de las elecciones vascas de 2013 y en función del resultado que obtenga la izquierda aberzale.


Así lo manifestaron a la agencia «Efe» fuentes de la lucha antiterrorista, que han expresado su «cautela» y su «extrema prudencia» ante el anuncio del cese definitivo de su actividad, ya que ETA ni ha entregado las armas ni se ha disuelto.


Las fuentes señalan que la «clave» sobre el futuro de ETA la tendrá el resultado de las próximas elecciones autonómicas, ante la expectativa de que las urnas refrenden una clara mayoría nacionalista. En ese escenario, y ante la nueva confrontación política que podría originar una apuesta por las vías más independentistas, los analistas de las fuerzas de seguridad no descartan que ETA tenga la tentación de reanudar su actividad criminal en «defensa» de la capacidad de decisión del pueblo vasco.


Hasta entonces, los expertos consideran remota la posibilidad de que el anuncio que la banda hizo el jueves no sea acatado por el conjunto de la organización y, como en el caso del IRA, se produzca una escisión. En este sentido, no creen que la situación de extrema debilidad operativa y logística de ETA le permita recuperar la actividad a corto plazo y, más aún, en medio de un proceso de división interna.


Los especialistas se muestran muy cautelosos por las condiciones que aparecen en el texto de la banda. No descartan que la banda exija negociar algo equivalente a una amnistía completa de los setecientos presos y la repatriación de los prófugos. E incluso sobre la anexión de Navarra y la autodeterminación.


El ministro del Interior, Antonio Camacho, advirtió ayer de que ahora queda la tarea «más compleja» y destacó que sin el trabajo «impagable» de la Policía y de la Guardia Civil «ETA no estaría derrotada y nuestra democracia no estaría segura». Las fuerzas de seguridad han pagado un altísimo precio: quinientos agentes asesinados en esa lucha sin cuartel.


«Hemos terminado la parte primera de nuestra tarea, nos queda la más compleja, garantizar a través del cumplimiento estricto de nuestras leyes que nunca ninguna generación de españoles tenga que sufrir sobre sus espaldas la losa del terrorismo».


El Sindicato Unificado de la Policía y la Asociación Unificada de Guardias Civiles han exigido que los terroristas no obtengan nada «ni por matar ni por dejar de matar.


El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró que «no se van a alterar en absoluto los procesos judiciales que se han iniciado» ni las causas abiertas por delitos de terrorismo y anunció que el Gobierno continuará con su «misma política antiterrorista».


El Consejo del Poder Judicial anunció que los magistrados seguirán aplicando la ley contra los terroristas. Los fiscales rechazaron que se pueda condicionar la actuación de los tribunales. Los jueces de la Audiencia Nacional dijeron que seguirán trabajando igual. En esta instancia hay abiertas casi 150 causas contra ETA y su entorno, por las que 121 personas están en de prisión preventiva, entre ellas están el «chivatazo» por el que se alertó a la banda de una operación policial contra su aparato de extorsión en 2006, la colaboración con la guerrilla colombiana y la financiación de Batasuna.


El Tribunal Supremo tiene por resolver la salida de Troitiño de prisión, las denuncias de torturas de los autores del atentado de la T-4 y la absolución de Txeroki. La resolución por el Constitucional de más de medio centenar de recursos contra la «doctrina Parot» (aplicación de la redención de penas al cómputo total de condenas y no sobre el límite de cumplimiento de 30 años) se convertirá en la prueba de fuego de la política penitenciaria del nuevo Gobierno tras el comunicado de ETA.


Por otra parte, Instituciones Penitenciarias concedió ayer el tercer grado (régimen abierto) al etarra arrepentido Fernando Luis Artola, preso en Nanclares, expulsado de la banda desde hace años. El fiscal de la Audiencia Javier Zaragoza dijo que ETA debe colaborar entregando las armas y a quienes tienen causas pendientes.

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