Diego Torres, ex número dos y ex presidente del Instituto Nóos, investigado por supuesta malversación de caudales, fraude a la Administración y falsedades, habría declarado en el interrogatorio del martes que Iñaki Urdangarín era quien tomaba las decisiones en la entidad.
A la vez, el socio del duque de Palma habría eludido responsabilizar del supuesto desvío de fondos públicos a Urdangarín, presidente hasta 2006 de la citada entidad, que, según la fiscalía, no habría logrado justificar uno de los 2,3 millones cobrados al Gobierno balear de Jaume Matas de 2005 a 2007. En esto se apoyará el ministerio público si, como todo apunta, termina pidiendo la imputación del yerno del Rey.
El también profesor universitario prestó declaración ante agentes del grupo de delitos económicos de la Policía y el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, desplazados para esta operación desde Palma. El especialista en marketing ya había declarado como imputado ante el juez José Castro. Entonces rechazó que se hubieran desviado partidas de dinero de la Administración regional, destinadas a las dos ediciones del Illes Balears Forum a bolsillos particulares.
En esa primera comparecencia Diego Torres reconoció que la inmobiliaria Aizoon, propiedad del duque de Palma y de su esposa, la infanta Cristina, facturó poco más de cien mil euros a Nóos por sus asesoramientos y colaboraciones con el primer foro Turismo-Deporte, celebrado en Palma en noviembre del 2005.
El declarante añadió que empresas suyas también cobraron del instituto unos 160.000 euros por los trabajos prestados en las dos ediciones del Illes Balears Forum.
Por último la Fiscalía Anticorrupción está buscando pruebas que avalen sus sospechas de que Nóos infló facturas y cobró por servicios no prestados. El objetivo era cuadrar aparentemente las ayudas de 2,3 millones del Gobierno con el coste de los eventos. Para ello también se habrían inventado falsos proveedores, entre las personas y sociedades vinculadas al microcosmos Nóos.
Ayer el juez de instrucción del «caso Palma Arena», José Castro, ordenó la práctica de nuevos registros en Barcelona. Estas diligencias fueron efectuadas por la Policía y el fiscal Pedro Horrach, tras estudiar algunos de los miles de documentos intervenidos el lunes.
