Hoy hace 35 años del asesinato de los abogados de Atocha. En aquel 1977 el país vivía tiempos difíciles: los trabajadores de las empresas del transporte estaban en huelga, Oriol (presidente del Consejo de Estado) y el teniente general Villaescusa (presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar) habían sido secuestrados, el día anterior un joven estudiante de 19 años fue asesinado en una manifestación y por la mañana otra joven fallecía tras recibir el impacto mortal de un bote de humo de la Policía.

Las movilizaciones, las protestas, la lucha por las libertades que recorría las calles del país contaban con el apoyo y el asesoramiento de los despachos laboralistas impulsados desde CC OO y el PCE. Estaban formados por jóvenes abogados que prestaron un apoyo esencial en aquellos tiempos para lograr que la larga noche de la dictadura llegase a su fin.

Uno de estos despachos estaba en la madrileña calle Atocha. Aquel 24 de enero la derecha acabó con sus vidas a golpe de pistola. Cinco fallecieron y cuatro quedaron gravemente heridos. Fue una matanza dentro de una calculada estrategia de tensión.

Dos días después, más de 150.000 personas se manifestaron para denunciar esta masacre, rendir homenaje a los fallecidos y mostrar su apoyo a los supervivientes. Nunca se escuchó tanto silencio en las calles de Madrid. Había rabia, indignación, incluso odio, pero ni un solo grito, ni un solo incidente. Fue una impresionante demostración de luto y contención. Una de esas escenas que quedan para la historia.

Han pasado los años y muchos ya no se acuerdan de sucesos como éste. Otros ni tan siquiera han oído hablar de ellos. Son los «daños colaterales» de una transición que nos quieren mostrar como modélica, pero que fue construida desde la impunidad y la amnesia selectiva. Hoy disfrutamos de una democracia gracias a la lucha y al compromiso de miles de personas. Una historia de sufrimiento y represión que hoy molesta a una buena parte del establishment. No es casual que Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, haya eliminado los premios a los Derechos Humanos «Abogados de Atocha» que concedía el Gobierno autonómico.

Hoy no sólo tenemos que reivindicar la memoria si queremos construir un país justo. Por desgracia, también tenemos que volver a defender los mismos derechos por los que luchaban en aquel momento: quieren acabar con la negociación colectiva, facilitar el despido y eliminar derechos básicos. Avanzamos a un modelo laboral basado en la precariedad absoluta. De nuevo la ley de la selva, donde sólo sobrevive el más fuerte. La crisis se ha convertido en la coartada perfecta para desmantelar en meses las conquistas sociales de las últimas décadas.

Han transcurrido ya algunos años desde la quiebra de Lehman Brothers y hemos visto cómo se retrasa la edad de jubilación, recortan el sueldo a los trabajadores públicos, reforman el mercado laboral para facilitar el despido o reducen los presupuestos destinados a la sanidad y la educación públicas. Lo que no hemos visto es la reforma del sistema financiero, la subida de impuestos para los ricos o la lucha contra el fraude fiscal. Y todo esto ocurre en un país en el que hay cinco millones de personas sin trabajo mientras los altos ejecutivos de la banca siguen cobrando sueldos millonarios y jubilaciones de escándalo o las agencias de calificación obtienen beneficios arruinando a países enteros. Es la orgía de los poderosos mientras la mayoría se empobrece más cada día.

Han pasado 35 años, pero el trabajo, el compromiso y las ideas de los abogados de aquel despacho laboralista de Atocha siguen plenamente vigentes y son absolutamente necesarios.