Los tres testigos que declararon ayer en el juicio a Baltasar Garzón en el Supremo por investigar los crímenes del franquismo han sido los primeros representantes de víctimas que han relatado ante un tribunal cómo fue la desaparición de sus familiares y su infructuosa búsqueda.

Los tres representantes de las asociaciones de Memoria Histórica dijeron que habían acudido a Garzón en 2006 «por justicia». A preguntas del abogado del juez, la canaria Pino Sosa explicó que a su padre «se lo llevaron de casa, los apalearon, los tuvieron presos». «Se nos llevaron el pan y la sal de nuestras casas», dijo tras recordar que su madre no quiso aceptar la declaración de fallecimiento porque «se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba».

María Martín López, de Sierra de Gredos, rememoró a sus 81 años el asesinato de su madre el 21 de septiembre de 1936. «La mataron, la echaron a la calle, se la llevaron a declarar a Arenas de San Pedro, pero la dejaron en el camino y mataron a 27 hombres y 3 mujeres». La mujer añadió que el cadáver de su madre está en una fosa y todas las gestiones para recuperarlo han fracasado.

El presidente del tribunal, el magistrado Carlos Granados, impidió el intento del abogado de Manos Limpias, José María Ruiz, de cortar el testimonio de los testigos. Ante su insistencia en que los delitos habían prescrito, Pino Sosa declaró que les dijeron que los hechos no tenían prescripción y que fue la tardanza en responder a su denuncia lo que les hizo acudir a la Audiencia.

En su turno el historiador gallego Ángel Rodríguez Gallardo, de Ponteareas, denunció un «plan sistemático» del franquismo para eliminar a los responsables del Gobierno de la República, que podría llevar a pensar que se produjeron «actos de genocidio». Añadió que la decisión de acudir a la Audiencia fue consecuencia de un largo proceso iniciado por familiares, historiadores y personas concienciadas con la reparación cuando la sociedad empezaba a sentir sensibilidad para que la Justicia pudiera decir qué ocurrió.

Gallardo relató que el primer intento de abrir fosas en Ferrol quedó abortado tras el intento golpista del 23-F y durante el primer Gobierno de Felipe González.

Por otra parte, los abogados que se querellaron contra Garzón por los cobros durante los cursos de Nueva York pidieron al Supremo que el juez sea también suspendido por esta causa, para evitar que pueda ejercer si es absuelto en los casos de la investigación del franquismo y de las escuchas de «Gürtel».