Madrid, Efe

Dos nietas de desaparecidos durante la dictadura, que declararon como testigos de la defensa en el juicio a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, aseguraron al Tribunal Supremo que acudir a la Audiencia Nacional era su única opción para «cerrar heridas» y lograr reparación.

«Mi abuela ya murió y sólo cerró sus heridas con la muerte. Yo lo que pretendo es que mi madre pueda cerrarlas antes de morir con la justicia y la reparación», dijo María Antonia Oliver París, representante de la asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Mallorca.

Por su parte, Josefina Musulén Giménez, integrante de la asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, declaró que los nietos de los desaparecidos siguen buscando «con la misma dignidad» a sus familiares, «pero sin el miedo que tenían nuestros padres».

Musulén relató cómo el 13 agosto de 1936 un falangista fue a buscar a su casa a su abuelo, que era de la CNT, y que también se llevaron a su abuela que estaba embarazada. «Se suponía que a las mujeres embarazadas no las podían fusilar. (...) Nos dijeron que a mi abuela le dieron el tiro de gracia en la tripa», explicó Musulén.

«Después nos contaron que a mi abuela la ingresaron en el Hospital de Gracia (...) y que una mujer la acompañó al paritorio. A mi abuela no la volví a ver y a la niña tampoco. Así pudimos saber hace 33 años que mi madre tuvo una hermana sana», concluyó.

También señaló que la única explicación que recibieron sobre la muerte de su abuelo era que «era un rojo, que los rojos eran cobardes, y que seguramente habría huido a Barcelona o Menorca o con otra mujer».

El abogado José María Ruiz, de la acusación popular «Manos Limpias», le preguntó si conoce el lugar donde están enterrados sus familiares, a lo que ella respondió que creen dónde se pueden encontrar, no por conocimiento expreso, sino por el «modus operandi» de los falangistas en Zaragoza.

En la misma línea fue el testimonio de Oliver París. Preguntada por el abogado del juez Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, que por qué calificaron en su denuncia los hechos de «detención ilegal» y «desaparición forzada» como crímenes de lesa humanidad, la testigo respondió que comprobaron que crímenes similares se habían investigado en otros países como Argentina y Chile.