José María Ruiz-Mateos ha evitado hoy una orden de búsqueda y detención al comparecer en un juzgado de Palma que le había citado por segunda vez por una supuesta estafa, y ha asegurado en una nota repartida a los periodistas a su llegada que "nunca" se le ha "comprendido y considerado".
"El motivo de mi apatía y resistencia a presentarme en los juzgados para prestar declaración -afirma el escrito- parte exclusivamente de la base de que nunca se me ha comprendido y considerado, dada la ingente y meritoria labor realizada por la familia Ruiz-Mateos durante la extensa vida de Rumasa y Nueva Rumasa".
Con más de una hora de retraso, a las 11:30 horas, el empresario jerezano ha llegado en taxi junto con su hijo Javier, también citado hoy a declarar como imputado, aunque ha declinado hacer declaraciones a los periodistas que le esperaban a las puertas de los juzgados de la capital balear.
Tanto él como sus hijos están imputados en tres querellas diferentes que tramitan tres juzgados de Palma relativas a la compra de sendos hoteles en Mallorca por un sistema parecido, mediante un pago aplazado que en un momento dado, coincidiendo con el concurso de acreedores del grupo, dejaron de abonar a los vendedores aún después de haber constituido hipotecas sobre los establecimientos.
La jueza de instrucción 5 de Palma, Ana San José, ya citó hace unas semanas a Ruiz-Mateos, pero el patriarca de la familia no acudió y la magistrada le avisó que de no hacerlo una segunda vez dictaría una orden de búsqueda y detención.
Lo mismo pasó en otro de los juzgados que tramita las querellas, que le citó hasta tres veces, le amenazó de arresto y cuando el empresario finalmente acudió se negó a declarar.
Aparte de explicar el por qué de esta negativa a colaborar con la Justicia, el empresario octogenario también indica hoy en la nota que siempre ha defendido "el mundo obrero" y destaca el "comportamiento ejemplar" y la "inmensa categoría humana" de sus hijos.
En el escrito vuelve a hacer referencia a la cancelación del crédito "por sorpresa" por parte del Banco Santander y añade: "Todavía sigo plenamente convencido de que si pudiera dialogar debidamente con el señor Botín, al que admiramos por su meteórica carrera bancaria, se podría dar una solución rápida y ordenada a todos los acreedores".
Opina que aún hay tiempo para solventar su situación y que su "deseo ferviente sigue siendo la voluntad de pago", destaca el "comportamiento ejemplar" y la "inmensa categoría humana" de sus hijos y resalta su trabajo en favor del "mundo obrero".
Después de la comparecencia de José María Ruiz-Mateos ha declarado su hijo Javier, también imputado por estafar presuntamente por unos 12 millones de euros al grupo empresarial de la familia Hoz en la compra de una sociedad hotelera. Javier Ruiz-Mateos ha derivado responsabilidades en su padre al aseverar que fue éste quien llevó a cabo todas las negociaciones.
Durante una comparecencia de más de tres horas, el hijo del empresario jerezano, quien actuó como avalista en esta operación, ha manifestado que su padre era quien tomaba las decisiones y ha asegurado desconocer los términos concretos de la operación, desvinculándose por tanto de las negociaciones, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
Junto a ambos imputados también ha sido emplazada a declarar la supuesta testaferro de Ruiz-Mateos, María Susana Álvarez Ampuero, quien ha manifestado que firmaba como apoderada y administradora de dos de las empresas avalistas en esta operación, Complejo Bodeguero Bellavista y Free Size.
La encausada, que permaneció en los Juzgados con gafas de sol y la cabeza cubierta por un pañuelo, está al frente de unas 60 sociedades de Nueva Rumasa.
En concreto, la querella de esta causa afirma que la familia Hoz es titular legítima de unos créditos que ascienden a 12,4 millones de euros, de los cuales se encuentran vencidos 641.078 euros, como consecuencia de la venta de las acciones de la sociedad a la entidad Free Size Slu, que según el escrito está en manos de una empresa domiciliada en el paraíso fiscal de Belice. Al frente de la mercantil se encuentra la imputada Álvarez Ampuero.
La totalidad de las acciones fueron vendidas por un total de 21 millones de euros, de los cuales 19,5 millones quedaron aplazados, tal y como consta en la escritura de compraventa. El escrito asevera que el hecho de que la familia Ruiz-Mateos declare que tiene todas las empresas en paraísos fiscales "ante la desconfianza del Gobierno" y que no se presentaran cuentas consolidadas como grupo de empresas "ha facilitado que todos ellos en conjunto, y como colaboradores necesarios, hayan perpetrado la presente estafa".
