El ex presidente balear Jaume Matas ha sido condenado a penas que suman seis años de prisión por varios delitos al haber beneficiado fraudulentamente con dinero público al periodista Antonio Alemany, a quien se le han impuestos tres años y nueve meses de cárcel. Matas es el cuarto mandatario autonómico condenado por corrupción.
La primera sentencia del «caso Palma Arena» manda por vez primera a un presidente de Baleares a la cárcel. Y la primera vez también que convierte en culpable de corrupción a un ex ministro del PP: el Jaume Matas que compartió Gobierno con el presidente Aznar y Mariano Rajoy pasará seis años y dos días entre rejas por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, falsedad documental y tráfico de influencias, si el Supremo no dice lo contrario.
La lista no deja fuera ni uno solo de los delitos habituales de los episodios de corrupción política. Y marca un punto de inflexión que, sin duda, tendrá consecuencias en la evolución del resto de piezas del caso. La sentencia de los jueces Margarita Beltrán, Juan Jiménez y Rocío Martín desmonta, en 172 folios, la principal tesis de la defensa de Matas. El famoso «hágase» (yo mandaba y mis subordinados eran los que delinquían) no vale.
Según el tribunal, Matas es de facto el autor y el inductor de la mayoría de los delitos que se juzgaban. «Es inconcebible», subraya el tribunal, que el Presidente no mostrase «el más mínimo celo» en conocer cómo se le pagaba al redactor de sus discursos, el periodista Alemany. Los jueces dirigen además el golpe a quien más se lucró con la corrupción, el citado Alemany.
El resto son actores secundarios, meros ejecutores de órdenes del presidente del «hágase». Y como tales han resultado mejor parados. Sobre todo los que colaboraron. Joan Martorell, el director general que autorizó, cocinó y supervisó los contratos, concursos y subvenciones ilegales sale del brete con una pena de un año y medio, después de que se le aplicara la confesión y la reparación de daños como atenuantes.
Lo mismo le ocurre a Miguel Romero, dueño de la empresa que facilitó y encubrió los pagos ilegales a Alemany: con su confesión y la reposición del dinero defraudado elude la cárcel con una condena que no le obligará a pisarla (un año, tres meses y 15 días). Y mejor aún les ha ido a Dulce Linares y María Umbert, subordinadas de Matas, que se van sin condena tras pasar por el banquillo.
«Sin la ideación del concurso por el señor Matas (...) no hubiera podido alcanzarse ninguna de las resoluciones [ilegales]», dice la sentencia, que considera algunos de los procesos de adjudicación «un auténtico disfraz» para esconder los miles de euros ilegalmente cobrados por Alemany.
El tribunal cree probado que Matas ordenó urdir «alguna estratagema» para que Alemany cobrase sin los preceptivos controles públicos. Se armó para ello un concurso amañado en el que se «rogó» al empresario Miguel Romero que participara, con un único objetivo: que su empresa fuese la adjudicataria y, a través de ella, se le pagase a Alemany.
Así salieron del Gobierno balear los 197.000 euros. En todos esos pasos participó el ex director general Martorell, un amigo de Matas que se dividió durante el juicio entre dos fidelidades: su «estrecha y dilatada relación» con el ex presidente y el pacto con Fiscalía para confesar y «evitar el ingreso en prisión».
Martorell llegó a confesar «de forma penosa y compungida» que se falsificaron informes y justificantes para pagar servicios que en muchos casos no se realizaron. Es el caso de unos reportajes que Alemany aseguró haber hecho, pese a que no fue capaz de mostrarlos. «Desaparecieron», alegó el periodista. Y con ellos se esfumaron otros 11.500 euros públicos, constata la sentencia.
El tribunal ve probado que Alemany, el mismo que hasta en la sala se definió como «liberal» y tantas veces criticó en sus textos la cultura de la subvención, decidió montar una agencia de noticias y una web sólo para cobrar el dinero que recibía de Matas, el único sustento de las empresas del periodista. El redactor de los discursos del ex presidente se sirvió de testaferros familiares (sus sobrinos) y periodistas de confianza, a los que puso al frente de una «sociedad pantalla» que cobró más de 465.000 euros del Gobierno de Matas.
Por todo ello, casi todo el peso de la justicia cae sobre Matas y Alemany, el inductor del delito y el que se benefició. Todo un aviso a navegantes cuando se están investigando corruptelas de naturaleza similar a las ayer dilucidadas. La sentencia, trabajadísima desde el punto de vista jurídico para evitar una corrección posterior del Supremo (130 folios de fundamentos por 30 de hechos probados), deja claro que asociarse con la justicia y anticorrupción alivia las penas. Ahí tiene motivos para la reflexión el imputado más ilustre del «caso Palma Arena»: Iñaki Urdangarín. La defensa del duque sigue una línea similar a la de Matas. El yerno del Rey reconoció su papel en la captación de dinero público y en la negociación de las líneas maestras de los proyectos investigados, pero culpó de todo a su socio Diego Torres.
