31 de marzo de 2012
31.03.2012
 

El Gobierno recurre a una amnistía fiscal para recaudar 2.500 millones con el dinero negro

Hacienda grava con un 10% el capital que se regularice para que afloren 25.000 millones
Aumenta el impuesto de sociedades y el del tabaco, y aprueba el copago en Justicia
El Ejecutivo pretende así aumentar en 12.300 millones la recaudación sin tocar el IVA

31.03.2012 | 02:00

La aprobación por decreto de una amnistía fiscal para la grandes fortunas ha sido la gran sorpresa que el Gobierno de Mariano Rajoy ha incluido en sus primeros Presupuestos Generales del Estado, que con una reducción récord del gasto de más de 27.000 millones pasan a ser los recortes más duro de la democracia.

La llamativa decisión fue adoptada al día siguiente de la huelga general y la víspera de los cien días de gracia que hoy cumple. El Consejo de Ministros ha optado por no subir el IVA, pero sí el impuesto de sociedades y el del tabaco, además de dar luz verde al pago de tasas en Justicia.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue el encargado de explicar la amnistía fiscal para el capital que retorne a España o que esté oculto dentro del país. En concreto, dijo, sólo tendrá que pagar un «gravamen especial» del 10%, quedando así exonerado el titular de cualquier penalización o sanción, y por la que el Gobierno espera recaudar 2.500 millones de euros.

Esta amnistía fiscal, oficialmente llamada «Programa especial de regularización de activos ocultos», fija un gravamen específico del 8% para los dividendos o participaciones en beneficios de fuente extranjera que se repatríen hasta el 31 de diciembre de 2012. Debe tratarse siempre de sociedades que estén dentro del grupo mercantil y perfectamente identificadas en la contabilidad. Asimismo, se implanta otro del 10% de atracción de rentas no declaradas por contribuyentes del IRPF, impuesto sobre sociedades e impuesto sobre la renta de no residentes.

Hacienda endurecerá el régimen sancionador en 2013, pero con anterioridad permitirá una regularización extraordinaria de capitales, previo pago de este gravamen por los bienes y derechos aflorados. Los contribuyentes tiene hasta el 30 de noviembre.

Se trata de una medida «excepcional y extraordinaria» para afrontar la importante caída de los ingresos, dijo Montoro. Esta amnistía fiscal «me podrá gustar más o menos, pero tengo que hacerla para ingresar sin subir los impuestos indirectos sin dañar a la economía, añadió el Ministro.

El Gobierno ha incluido además en los Presupuestos una subida adicional del impuesto sobre sociedades, al limitar las deducciones para las grandes empresas y otra del gravamen sobre el tabaco. Con todas estas medidas prevé recaudar 12.314 millones extra. El incremento de sociedades aportará 5.350 millones, el del IRPF 4.100 millones, la amnistía fiscal 2.500 millones y 300 millones con el del tabaco.

En el caso del impuesto de sociedades se reduce temporalmente el límite máximo de su aplicación del 35 al 25%. Se elimina con carácter indefinido la libertad de amortización, que continuará sólo para pymes y en el caso de ampliación de plantilla, lo que tendrá un impacto positivo de 840 millones, según el Gobierno.

Asimismo, se elimina la posibilidad de diferir a otros ejercicios los beneficios fiscales, con lo que se recaudarán 210 millones, y se cambia de forma temporal el sistema de pagos fraccionados, 2.500 millones más, a la vez que se limita la deducción de forma indefinida por gastos financieros al 30% de esta partida, siempre a partir del millón de euros, lo que suponen otros 1.050 millones.

En el caso del impuesto especial sobre el tabaco, se hace una redistribución del tributo con el objetivo de recaudar 150 millones más. Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó una subida de las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros, para sufragar la justicia gratuita mediante una recaudación de 300 millones.

En el orden civil subirán las tasas para los procesos verbal y cambiario, de 90 a 150 euros; las de procesos ordinarios, de 150 a 300. Las tasas para ejecuciones extrajudiciales y concursos necesarios se elevan de 150 a 200 euros, en los recursos de apelación habrá que pagar 500 euros más -de 300 a 800- y en los de casación e infracción procesal suben un cien por cien pasando de 600 a 1.200. En lo contencioso-administrativa suben en procesos abreviados (de 120 a 200 euros) y ordinario (de 210 a 350).

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