Los ciudadanos empezarán a pagar más por los medicamentos a partir del próximo 1 de julio, según establece el decreto que publica este martes el BOE, que contempla también que los usuarios tendrán que abonar parte de las prótesis externas, los productos dietéticos y el transporte sanitario no urgente.

Además, los inmigrantes en situación irregular dejarán de percibir asistencia sanitaria gratuita el 1 de septiembre, salvo en algunos casos de urgencia.

Así se establece en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, con el objetivo de ahorrar 7.000 millones de euros en la sanidad.

La aportación del ciudadano en los fármacos será proporcional a su renta y ésta se actualizará como máximo anualmente.

Los usuarios con un nivel renta por encima de 18.000 euros pagarán el 50% de los medicamentos, mientras que los que estén por debajo de esa cantidad seguirán abonando el 40% actual y aquellos cuya renta sea superior a 100.000 euros pagarán el 60%.

Los pensionistas con renta inferior a 18.000 euros pagarán el 10%, con un tope de 8 euros mensuales; los que perciban más de esa renta abonarán un máximo de 18 euros al mes y los que reciban más de 100.000 euros tendrán un límite de 60 euros mensuales.

Cuando se superen estos topes, la diferencia será reintegrada por la comunidad autónoma en la que resida en un periodo máximo de seis meses.

Los medicamentos serán gratuitos para los afectados del síndrome tóxico y personas con discapacidad, los perceptores de rentas de integración social y de pensiones no contributivas, además de los parados de larga duración que no perciban prestación.

Tampoco pagarán las medicinas aquellas personas que sigan un tratamiento derivado de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional.

La aportación de los funcionarios, los militares y el personal al servicio de la administración de justicia será del 30%.

Para aplicar este "copago", las recetas se adaptarán a los nuevos porcentajes de participación mediante unos códigos que figurarán impresos en la parte superior derecha de las mismas.

Más copago

Los ciudadanos pagarán también por las prótesis externas (muletas, sillas de ruedas, collarines, etc) en todas las comunidades autónomas, pero no tendrán que abonar nada por los implantes internos como prótesis de cadera, rodilla o mama.

Así lo han señalado a Efe fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que han precisado que el objetivo de este copago, que se establece en el decreto sobre medidas urgentes, publicado hoy, tiene como objetivo que todos los usuarios paguen lo mismo por estos productos, independientemente de donde residan, y en función de su renta.

El copago no afectará en ningún caso a implantes internos que conllevan una prestación sanitaria, han incidido las mismas fuentes.

El Real Decreto-Ley, aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros, prevé que, además de las orto-prótesis, los usuarios paguen parte de los productos dietéticos e incluso el transporte sanitario no urgente, ya que se les considera como "servicios accesorios" sujetos a aportación.

Estos servicios y productos no estarán incluidos en la cartera común para todo el territorio nacional y sí en una suplementaria, que acordará el Consejo Interterritorial de Salud, en el que están representados el Gobierno central y las comunidades autónomas.

El porcentaje de pago del usuario sobre estos servicios se hará en función de la renta, al igual que ocurre en los medicamentos, aunque no se establece ningún límite para esta aportación.

Quedarán excluidos de la financiación pública algunos medicamentos que están indicados "en el tratamiento de síntomas menores", tales como lágrimas artificiales, omeoprazol y algunos antidiarréicos, mucolíticos y descongestivos.

Tampoco serán financiados aquellos fármacos que estén por debajo del precio determinado por el Ministerio de Sanidad y los que compartan principio activo con otro fármaco que se venda sin receta.

El decreto regula la asistencia sanitaria a los extranjeros, tanto si se trata de ciudadanos de la Unión Europea como de los extracomunitarios.

En este último caso, los que no estén regularizados como residentes en España sólo serán atendidos en urgencias, por enfermedad grave o accidente y durante el embarazo, parto y postparto, aunque los menores de 18 años recibirán la misma asistencia médica que un niño español.

Para ello, se modificará la Ley de Extranjería y se exigirá a los extranjeros los mismos requisitos que para los nacionales a la hora de recibir asistencia sanitaria, de tal forma que deberán estar afiliados a la Seguridad Social y pagar sus impuestos en España.

La norma incluye el control del denominado "turismo sanitario", mediante la adaptación de una normativa europea que subsanará un error por el que, según desveló un informe del Tribunal de Cuentas, se dejó de facturar a su país de origen la atención de unos 700.000 ciudadanos europeos, lo que ocasionó un gasto anual de 917 millones de euros.