El PP de Baleares, personado como acusación popular en el «caso Palma Arena», se opuso a que la Infanta Cristina sea citada «como imputada ni como testigo» en la pieza separada en la que se investigan las actividades del Instituto Nóos, que presidió su marido, el duque de Palma, Iñaki Urdangarín.
En un escrito dirigido al juez de Palma José Castro, el letrado Ignacio Gordillo señala que de la lectura de la pieza separada y de la declaración prestada por Urdangarín el pasado fin de semana no se deduce «ningún elemento incriminatorio en relación con doña Cristina», según informa «Efe». «Ni la intervención de doña Cristina en la mercantil Aizoon, ni en Nóos Consultoría Estratégica, ni en ninguna otra entidad puede considerarse como constitutiva de infracción penal», asegura.
El abogado añade que «el hecho de aparecer como accionista de una entidad mercantil, sin realizar actos de ejecución o de administración, no es suficiente para estimar que existan indicios de actividad criminal». El juez instructor ha recibido ya la respuesta de la fiscalía anticorrupción y de la abogacía del Gobierno balear, que también se han opuesto a la citación de doña Cristina.
Por otra parte, la Zarzuela está consultando, dentro de la máxima reserva, a destacadas personalidades sobre qué caminos se pueden seguir y cuál puede ser el desenlace del caso. Preocupa sobremanera el coste que puede suponer para la figura del Príncipe con vistas a la sucesión.
Esquerra Republicana ha presentado, por su parte, una serie de preguntas en el Congreso para que el Gobierno detalle cuánto ha costado la estancia de los duques de Palma en Mallorca durante la declaración de Urdangarín.
Por último, en esa declaración el yerno del Rey citó a una empresa de Irlanda con cuenta en Suiza como la sociedad en la que se le debían pagar las gestiones que había realizado al frente de Nóos. En concreto, planteó a una firma valenciana facturar los trabajos a Alternative General de Services, sociedad citada por la asistenta del duque en una nota.
