El Gobierno está valorando suprimir la paga extra de Navidad de los empleados para ahorrar 4.000 millones de euros. Ésta es una de las partidas de gasto del Estado que, según fuentes de la Moncloa, pueden verse reducidas ante el temor de que la caída de los ingresos y las previsiones de recaudación no se cumplan.

Hacienda y el resto de ministerios estudian nuevos recortes para evitar que el objetivo de déficit del 5,3% resulte inalcanzable. Ahí se enmarca la supresión de la paga extra de Navidad de los 2,7 millones de empleados públicos, una medida que, de ser aprobada, no se limitaría a este ejercicio y que se mantendría varios años, según «Cinco Días».

El riesgo de supresión de la extra de Navidad ha saltado a los medios después de que esta misma semana se filtrara que el Gobierno prepara nuevos recortes por valor de 30.000 millones, rebajando los salarios a los funcionarios, recortando las prestaciones a los parados, congelando pensiones y cerrando televisiones públicas.

De consumarse sería el segundo tijeretazo al salario de los funcionarios después de que en 2010 Zapatero se lo rebajara un 5%. Existe además el precedente de comunidades gobernadas por el PP, como Madrid o Castilla-La Mancha, que ya metieron la tijera al salario de sus empleados públicos.

Los líderes de CC OO y UGT rechazaron ayer los «estúpidos y malvados» rumores sobre los recortes de las prestaciones a los parados y advirtieron de que con ellos se criminaliza a los que han tenido el infortunio de perder su trabajo.

Los gastos financieros son la única partida que resulta intocable. Está previsto que el 19% del presupuesto de gasto se destine a cubrir los intereses de la deuda. La Seguridad Social participa en 8.900 millones de los Presupuestos y el Gobierno elevará este ejercicio en 1.000 millones el complemento de pensiones mínimas. El Ejecutivo intenta mantener esa partida intacta, aunque no descarta acelerar la reforma de las pensiones que eleva la edad de jubilación.

Además, a estas alturas nadie duda de que el IVA subirá. Hacienda reconoce que estudia qué productos que aplican el tipo reducido del 8% pueden pasar al general del 18%. Es el caso de la hostelería, los alimentos elaborados, transporte de viajeros, las entradas de cine y otros eventos culturales o las lentillas y gafas graduadas.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, eludió hablar de recortes en su comparecencia tras el Consejo de Ministros. Sin embargo, confirmó que «van a venir» más reformas de acuerdo con el programa de «cambios profundos» de Mariano Rajoy. El PP acaba de proponer en Castilla-La Mancha reducir un 15 por ciento los ingresos de los interinos, y la Generalitat catalana reconoció que baraja un cuarto tijeretazo y a la vez amenazó con recurrir la ley de Estabilidad Presupuestaria. El Gobierno andaluz amenazó con responder en la calle al ajuste de 30.000 millones. Por último, Rosa Díez acusó a Rajoy de copiar «lo peor de Zapatero en muy poco tiempo».