El Ministerio de Justicia quiere controlar el uso de la justicia gratuita con el fin de evitar abusos, para lo que establecerá un sistema de control para impedir que se haga una utilización fraudulenta de este derecho.
Por ello, en el borrador del proyecto de reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que ha elaborado, y que negocia con las Comunidades Autónomas, se plantea la posibilidad de que se limite en un principio su uso a tres veces al año en todas las jurisdicciones, salvo en la penal.
Si consumidas esas tres peticiones de justicia gratuita en lo civil, social y contencioso-administrativo se determina que en su uso no ha habido ningún abuso de este servicio, los beneficiarios podrán seguir haciendo uso de él, han explicado fuentes del Ministerio de Justicia.
Este sistema de control quiere hacer frente al exceso de litigiosidad que se ha detectado en este servicio, sobre todo en materia de multas.
Pero la verdadera intención del proyecto es aumentar el número de beneficiarios de la justicia gratuita al elevar el umbral de ingresos fijados como requisito para acceder a la asistencia jurídica.
Según explicó la semana pasada en el Congreso el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la modificación de la ley permitirá que pasen a ser titulares de este derecho los que cobren menos de 15.975 euros al año (2,5 veces el salario mínimo interprofesional) frente al límite actual fijado en 14.910 euros (2 veces este salario).
Justicia ha planteado estas reformas a las Comunidades Autónomas, con las que busca un acuerdo sobre este asunto, ligado al proyecto de ley de tasas judiciales, cuya recaudación se destinará a financiar la justicia gratuita.
