La alargada sombra del «caso Naseiro»

Salió indemne, pero Luis Bárcenas ya estaba en la sala de máquinas de las finanzas populares cuando, a finales de los años ochenta del pasado siglo, y con Francisco Álvarez-Cascos en la secretaría general del partido, estalló el gran escándalo de supuesta financiación ilegal del PP. Fue el denominado «caso Naseiro», un asunto más que espinoso para el «nuevo» PP de José María Aznar, pero desactivado, en muy buena medida, por Cascos. El hoy líder de Foro consiguió dar la vuelta a la polémica y centró el foco mediático en un supuesto montaje del Gobierno socialista de Felipe González para frenar el avance del PP, con la connivencia del magistrado que promovió el caso, Luis Manglano, al que los populares acusaron de prevaricación.

Aquella estrategia de contraataque, ese tapar el escándalo propio con otro ajeno, haciendo que el «caso Naseiro» pasara a ser el «caso Manglano», es objeto de encendidos elogios por parte de José María Aznar en el primer volumen de sus memorias, de reciente publicación. Además, también fue reivindicada y reclamada con insistencia por el propio Cascos ante la plana mayor del PP como la táctica idónea de defensa para su «amigo» Bárcenas y para él mismo ante las acusaciones por el «caso Gürtel». Fue en el verano de 2009 cuando, según diversas informaciones confirmadas por Moncloa, Cascos intercedió por Bárcenas ante Rajoy, al igual que antes lo había hecho ante Aznar. Entendía que alguien tenía que hacer lo mismo que él había logrado veinte años atrás.

El «caso Naseiro» se originó después de que, a partir de unas grabaciones policiales relacionadas con el tráfico de droga, trascendieran conversaciones de dirigentes del PP sobre una serie de negocios inmobiliarios ilegales, cuyos beneficios se destinarían íntegramente a la financiación del partido. En abril de 1990, el juez Luis Manglano ordenó la detención de Rosendo Naseiro, tesorero del PP, y de Salvador Palop, concejal en el Ayuntamiento de Valencia, junto a varios empresarios.

Después de tres días de incomunicación, el juez dejó en libertad a los acusados y se inhibió en favor del Supremo, ante la supuesta implicación del diputado popular Ángel Sanchís, que también dirigió las cuentas populares y de cuya mano entró en la AP de Fraga Luis Bárcenas, cuyo nombre salía a colación en las escuchas, aunque más tangencialmente que los de Naseiro y Sanchís. Éstos se libraron del banquillo gracias a la anulación de las grabaciones que dieron origen a la investigación y que suponían la principal prueba contra los responsables de las finanzas populares.

En el ámbito político, la maquinaria puesta en marcha por Álvarez-Cascos dio sus frutos. La opinión pública pasó de hablar del «caso Naseiro» a hacerlo del «caso Manglano». La teoría del entonces secretario general del PP consistía en que, en lugar una financiación ilegal del partido, se trataba de un montaje socialista y de un magistrado afín que tenía como objetivo frenar en seco la carrera de Aznar.

Bárcenas consiguió sobrevivir a aquella crisis, pero sus relaciones con Sanchís y Naseiro no se cerraron con el escándalo. De la documentación remitida desde Suiza a la Audiencia Nacional se desprende que Bárcenas, después de ser imputado en el «caso Gürtel», otorgó poderes a su antiguo amigo Sanchís para que acudiera al país helvético y gestionara las transferencias bancarias oportunas para invertir sus fondos en Brasil y en Argentina. Naseiro compareció ante el juez para declarar en relación a la «Gürtel». Mantuvo la versión de Bárcenas de que le había pedido prestados 350.000 euros en 2002 para comprar obras de arte, cuando esa cantidad estaba bajo sospecha.