Sevilla, E. P.
La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía, desvela en uno de sus últimos autos «relaciones» entre la familia Ruiz-Mateos y el ex ugetista Juan Lanzas, a quien atribuye un «exagerado enriquecimiento» de más de 13 millones gracias a sobrecomisiones del 20% o incluso del 29% conectadas con el coste final de las pólizas de seguro de rentas pagadas en el marco del expediente de regulación de empleo (ERE). Estas sobrecomisiones «alimentaron», según Alaya, a todas las partes de la trama.
La juez investiga una supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos ERE promovidos por empresas andaluzas y financiados por la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Mediante un acuerdo de 2001 entre la Dirección General de Trabajo y el Instituto de Fomento de Andalucía, durante los últimos años, la segunda institución habría librado 647.869.157,45 euros para sufragar la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, una fórmula ajena a la ley autonómica de Hacienda Pública al prescindir de la fiscalización administrativa.
Merced a estos fondos, supuestamente se habría financiado la prejubilación fraudulenta de unas 72 personas y la prejubilación irregular de otras 111 en 67 ERE, además de numerosas ayudas directas a empresas vinculadas a dirigentes públicos o miembros del PSOE. Como consecuencia, figuran imputados el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero (de nuevo en prisión), los sucesores de este último en el cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, el citado Lanzas (también en prisión) y los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, entre otros muchos.
