«Los magistrados no somos el remedio a todos los males»

En junio dejará la presidencia del Constitucional después de haber pasado por la del Supremo y la del Consejo General del Poder Judicial y tras medio siglo de oficio judicial. De aspecto afable y trato educado, este valenciano afincado en Madrid enseña los dientes cuando de defender a la judicatura se trata: no está dispuesto a que se ponga en entredicho el buen hacer de unos jueces «tan buenos como los de cualquier país democrático».

-¿Qué opinión le merece el espectáculo de dos jueces peleando por hacerse con un caso, como el de los papeles de Bárcenas?

-Es algo que en Derecho sucede con relativa frecuencia, es lo que se llama conflicto de competencia que tiene que resolver el superior jerárquico, como ha hecho.

-Pero la imagen que se traslada a la ciudadanía no es la mejor.

-Deben darse las razones técnico-jurídicas para defender la competencia porque, de lo contrario, la imagen que se da es la de dos jueces pugnando por un protagonismo, y eso es malo.

-¿Qué peso tiene el ego en estas disputas?

-El juez superego es una negación del juez y, si sólo le importara el estrellato, estaría quebrantando deontológica y profesionalmente su obligación. Yo soy juez desde hace 50 años y me repugna pensar que eso pueda suceder conociendo, además, a los dos jueces de los que estamos hablando (por Gómez Bermúdez y Pablo Ruz), que me parecen profesionalmente correctos.

-¿Es tarea de los jueces la regeneración ética de una sociedad salpicada de corrupción?

-A la Judicatura le corresponde todo lo que sean transgresiones legales. Está para eso, es la pieza que cierra el sistema de garantías de un Estado de derecho. Ahora bien, no es el remedio a todos los males, para eso está el ejercicio de la política responsable. Los jueces no pueden convertirse en gobernantes del Estado. A los jueces les corresponde hacer justicia y a los políticos, no incurrir en delitos y evitar las consecuencias que conllevan los casos de corrupción.

-¿No cree que faltan políticos, banqueros y supervisores del sistema financiero en la cárcel?

-Los jueces envían a la cárcel a los que tienen que estar allí, con fundamentación.

-¿No piensa que en estos casos la sociedad espera de los jueces mayor diligencia?

-El juez hace lo que la ley manda, no lo que la gente desea que haga. Sus obligaciones están reguladas y, si no las cumpliera, incurriría en ilegalidad, por eso no puede actuar al hilo de aspiraciones y sentimientos. ¿Tendría que haber más gente en la cárcel? ¿Los sumarios deberían acabarse con más prontitud? Los jueces cumplen con su obligación mientras no se demuestre lo contrario.

-¿La cumplen con el mismo celo en todos los casos?

-No tengo ninguna duda y para quien las tenga existen mecanismos de denuncia. Esto no se le puede preguntar a un juez.

-¿De verdad cree que la justicia se aplica igual a un ciudadano de la calle que a la hija del Rey?

-En principio sí, naturalmente que sí. No se juzga a las personas por lo que son, sino por lo que hacen, y lo que hacen hay que acreditarlo ante el juez. Hacer otra cosa sería prevaricar (enfadado) y no puedo imputar a un juez porque no siga los sentimientos populares. Si no lo hace es porque creerá que no debe.

-Es decir, que si el juez no ha imputado a la Infanta Cristina es porque no hay motivos.

-La Infanta es una persona tan digna de respeto como cualquier otra y el juez es tan digno de reconocimiento como cualquier otro. No conozco al juez Castro, pero seguro que está haciendo lo que cree que tiene que hacer. Decir que está levantando la mano son especulaciones y (sigue enfadado) un juez responsable, y yo lo he sido toda mi vida, no puede entrar en eso. Decir de un juez que está actuando en beneficio de alguien es imprudente, por no decir otra cosa.

-¿Qué falla cuando el condenado del «caso Gürtel» es el juez que empezó a instruirlo?

-¿Quiere decir que están trabajando mal los jueces? ¿O los fiscales? ¿Que todos son corruptos?

-No, le preguntaba qué no funciona cuando el único condenado en relación a esta causa es Garzón.

-¿Que qué falla? Pues a lo mejor no falla nada y se está haciendo lo que hay que hacer (sigue muy enfadado). ¿Eso es imposible de comprender?

-La ciudadanía puede no entender lo que ha ocurrido.

-¿Alguien ha denunciado que el juez que lo lleva ha incumplido con su obligación? ¿Que el juez está mirando para otro lado? Porque eso es lo mismo que decirle que está prevaricando, lo mismo que imputarle un delito. La gente no se da cuenta de que con estas afirmaciones se está transmitiendo a la sociedad que hay unos jueces corruptos y que eso es absolutamente falso.

-Le hablo de la condena a Garzón.

-¡Ah! El juez Garzón fue apartado por unas causas en las que no he entrado ni entro. ¿Qué tengo que decir yo? ¿Si estoy de acuerdo con esa sentencia? Ni la he leído.

-¿A qué atribuye que la profesión de juez, seguida de la de periodista, sea la peor valorada?

-Los jueces tan pronto estamos en el Olimpo como en el infierno. Eso depende de a quién imputan o a quién no. Y esto no ocurre en otros países de nuestro entorno.

-¿A qué lo achaca?

-A que se transmite que los jueces están incumpliendo con su obligación.

-¿De verdad lo cree?

-Si se tiene esa percepción es porque se transmite así y llevar a la sociedad a esa convicción es gravísimo.

-El tercer grupo más numeroso en las Cortes valencianas lo componen los diputados imputados en casos de corrupción. ¿Deberían dejar su cargo? ¿Habría que suprimir la figura del aforado?

-El aforamiento parece un privilegio porque puede entenderse como un trato especial cuando en muchos casos es perjudicial porque disminuyen las posibilidades de defensa al reducirse las instancias.

-Un tribunal popular que ni tan siquiera admitió la existencia de unos trajes que el propio Camps sí reconocía absolvió al ex presidente valenciano cuando dos de sus compañeros acusados de los mismos hechos están condenados por ellos. ¿Era necesario que por la buena salud democrática el Supremo revisara este veredicto?

-Si estimara que el veredicto del jurado, que es tan legítimo como el de los jueces profesionales, ha sido erróneo, puede revisar las pruebas y dictar sentencia u ordenar repetir el juicio.

-¿Ve la diferencia entre la figura del imputado y la del encausado que quiere introducir el PP?

-Yo volvería a resucitar el término de procesado, porque determina claramente cuándo arranca el procedimiento con un auto fundado con indicios suficientes de delito.

-¿Qué piensa de la propuesta soberanista de Cataluña, ha influido la sentencia del Estatut?

-Es un asunto que tendremos que estudiar con la misma asepsia que todos, pero del que no puedo pronunciarme al estar aquí. Las modificaciones estatutarias son perfectamente legítimas, como también lo es el reconocimiento de las señas de identidad. Hay que llevar al sentimiento de las personas que estas señas no son un invento de los catalanes, sino una realidad histórica.