Las sentencias por delitos relacionados con la corrupción (cohecho, malversación, prevaricación administrativa, tráfico de influencias o fraudes comunitarios) se han incrementado un 151 por ciento en los últimos tres años, según revela la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2012.
En el último trienio la incoación de causas por este tipo de delitos creció en un 17 por ciento con una clara preponderancia de la prevaricación administrativa, que supuso un 23 por ciento del total de delitos relativos a la corrupción que se iniciaron durante todo el año pasado.
En todo caso, los máximos históricos de corrupción en la presentación de escritos del Ministerio Fiscal se registraron en 2011, año en el que se presentaron un total de 235 acusaciones. El delito más repetido fue el de malversación de caudales públicos que durante ese año representó un 40 por ciento del total seguido del de prevaricación administrativa, que alcanzó un 26 por ciento.
Tras darse a conocer estos datos, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha advertido que "el delito no renta" y que "no hay zonas de penumbra" en las que se puedan agazapar "quienes se lucran a costa del interés común".
Durante su discurso en la solemne apertura del año judicial, presidida por el Rey, Torres-Dulce ha constado contra este tipo de delincuencia "una creciente concienciación ciudadana" que ha motivado el incremento de las denuncias de irregularidades, "lo que constituye un prometedor síntoma de reacción social".
"Vivimos una crisis económica severa y prolongada que erosiona el caudal de ilusión de amplios sectores de la sociedad y puede poner a prueba la solidez del entramado institucional de nuestro país", ha dicho Torres-Dulce, quien ha señalado que ante este riesgo todos los responsables públicos deben permanecer alerta.
Ha mostrado su preocupación porque el "inevitable sentimiento de desánimo" provocado por la crisis "derivase en desafección de la cosa pública", pero ha asegurado que "esta sombría realidad" no ha mermado de momento "el deseo de participación social de una ciudadanía".
En este sentido, Torres-Dulce ha rechazado la idea de la Justicia como "ejemplarizante" y se ha mostrado más partidario de una justicia "equitativa", cuya verdadera finalidad es "restablecer el orden jurídico conculcado" y "no satisfacer sentimientos subjetivos de venganza, por legítimos que sean".
Por ello, ha dicho que ahora más que nunca es necesario "mostrar a una sociedad desmoralizada que el delito no renta, que no hay zonas de penumbra en las que se puedan agazapar quienes se lucran a costa del interés común".
La corrupción es, según el fiscal general, una de las cuestiones que más debilitan la fortaleza moral de la sociedad y ha mostrado su preocupación porque afecte al funcionamiento y prestigio de la Administración de Justicia, "que queda en evidencia cuando no es capaz de dar una respuesta solvente y tempestiva a cada una de sus manifestaciones".
Se ha constatado, ha asegurado Torres-Dulce, una creciente concienciación ciudadana que ha motivado el incremento de las denuncias de irregularidades, "lo que constituye un prometedor síntoma de reacción social".
"Me temo, sin embargo, que estas expectativas ciudadanas se hayan podido ver defraudadas por resultados parcos", ya que el problema es "espinoso" y requiere, según el fiscal general, "una extensa explicación de las importantes limitaciones que presenta el proceso penal como medio de control de la acción administrativa".
Según Torres-Dulce, el panorama se complica aún más cuando a la corrupción pública se une la corrupción privada, en la que los directivos y administradores de sociedades "se prevalen de su condición para lucrarse a costa de la entidad que gestionan y de las personas que tienen intereses en ella".
"Abordar adecuadamente este complejo fenómeno exige aumentar la eficiencia de los órganos de inspección y control de las administraciones, corporaciones y mercados, y el establecimiento de unos mecanismos de detección precoz que permitan abortar la corrupción en sus inicios", ha dicho.
Para ello ha defendido incrementar los recursos de la jurisdicción contencioso-administrativa y del Tribunal de Cuentas, como instancias claves de control.
Suben los fraudes cometidos por la autoridad
Tras destacar el decisivo papel de la Fiscalía Anticorrupción para el esclarecimiento de gran cantidad de delitos relacionados con el manejo de caudales públicos y con el ejercicio abusivo o desviado de las atribuciones públicas, ha detallado que en el año 2012 se han incrementado las calificaciones por delito de prevaricación administrativa en un 23,85 %, y las de fraude cometido por autoridad o funcionario público en un 120,79 %.
En cambio, han descendido las calificaciones por malversación de caudales públicos en un 31,23 %, por tráfico de influencias en un 22,37 % y por malversación de caudales públicos en un 31,23 %.
Sobre las participaciones preferentes emitidas por determinadas entidades financieras en riesgo de insolvencia, Torres-Dulce ha dicho que han generado "un problema social de primer orden" frente al que no se puede permanecer impasibles, por lo que la Fiscalía se viene personando caso por caso en los distintos procesos abiertos.
Sobre la actividad delictiva en 2012, el fiscal general ha destacado el descenso de causas relacionadas con ETA, la estabilización del terrorismo yihadista y el incremento de las relativas al independentismo gallego y al anarquismo.
A lo largo del año 2012 se han incoado 5.130.089 procedimientos penales, 4.336.255 por delito y 793.834 por falta.
