La ONU advirtió ayer de que la ley de amnistía no impide investigar los crímenes del franquismo, e instó al Gobierno a cumplir "su obligación" y a buscar a los desaparecidos. Naciones Unidas subrayó que este tipo de delito no prescribe y propuso la creación de una comisión de la verdad sobre la guerra Guerra Civil y la dictadura.

El Comité de Desapariciones Forzadas afirmó que la prescripción de este delito sólo se produce en el momento en que "la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad", y pidió al Estado español que garantizase que así se cumple. Para ello le instó a adoptar las medidas necesarias, de carácter legislativo o judicial, con miras a "superar los obstáculos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía".

"Una amnistía es una norma pacificadora. Treinta años después no puede constituir un obstáculo para la justicia, y la justicia está necesariamente vinculada a la verdad, y la verdad es hija del tiempo", dijo el experto del comité, Álvaro Garcé García y Santos, según informa "Efe".

En su documento final sobre España, la ONU apunta la importancia de que los autores de tales crímenes sean enjuiciados y sancionados en caso de ser declarados culpables. Los pasados días 5 y 6 España presentó su informe y defendió que en su ordenamiento legal no tiene lugar la investigación de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, por tratarse de delitos ya prescritos.

Garcé señaló que otra observación del comité a España es que "con ocasión de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal se pueda eliminar la detención incomunicada, un régimen que plantea problemas". La ONU recomienda la asignación de "recursos de personal, técnicos y financieros suficientes para la búsqueda de las personas desaparecidas". Además, pide "una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el pasado, particularmente las desapariciones forzadas". La ONU da un año a España para investigar sin espíritu de revancha.