El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negado que la ley de seguridad ciudadana suponga un recorte de derechos y libertades, como asegura el PSOE, al que ha reprochado que "con 23 años de retraso" quiera "devolver" la ofensa que sufrió cuando su normativa fue llamada "ley de la patada en la puerta".

Fernández Díaz ha defendido en declaraciones en los pasillos del Congreso la reforma que hoy aprueba el pleno de la Cámara Baja que, según ha dicho, no supone ninguna restricción de derechos y libertades respecto a la normativa vigente aprobada en febrero de 1992, que en su momento fue calificada como "ley de la patada en la puerta" o "ley Corcuera".

"Tengo la impresión de que algunos lo que pretenden con 23 años de retraso es devolver lo que para ellos pudo significar de ofensa el que aquella ley fuera calificada de la patada en la puerta, y fuera declarada inconstitucional en parte por el Tribunal Constitucional", ha subrayado el ministro.

El titular de Interior ha recordado que la reforma ha sido considerada "positiva" por el Consejo de Estado -que ha dictaminado que consigue un adecuado equilibrio entre la libertad y la seguridad-, por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal.

"Entre lo dicho por estos organismos y lo que dicen algunos, que parece que no se han leído la ley, me quedo con el juicio razonable de estas instituciones", ha dicho el ministro tras insistir en que la reforma garantiza el libre y pacifico ejercicio de los derechos y libertades recogidos en la Constitución, entre ellos el de manifestación.

Al tiempo, ha recalcado, se garantiza la protección de la seguridad ciudadana y no se toca "para nada" la ley de reunión, vigente desde 1983.

"Algunos hablan desde la ignorancia o desde la mala fe, quizás algunos desde ignorancia y mala fe", ha reiterado el titular de Interior tras asegurar que la ley que se aprueba hoy "será un magnifico instrumento para garantizar mas y mejor la seguridad ciudadana", como demandan los ciudadanos.

En este sentido, ha aprovechado para destacar que "España es el séptimo país más seguros, según estadísticas oficiales de Naciones Unidas y de Eurostat, a nivel de la Unión Europea", y ha abogado por conservar y preservar "entre todos" ese patrimonio.