F. GUTIÉRREZ

El "caso Pujol" es más que un escándalo de corrupción. Además de arruinar el mito de quien fuera el dirigente nacionalista catalán más importante en décadas, está enterrando su obra política a marchas forzadas y, en sólo cinco meses, sus efectos se han revelado devastadores para sus herederos soberanistas.

La movilización independentista con motivo de la Diada parecía imparable, hasta que llegó el simulacro de consulta de noviembre. La confesión estival de Jordi Pujol de que tuvo una fortuna en Andorra sin declarar durante 34 años conmocionó a la sociedad catalana y pasó factura aquel día. El Gobierno no dudó en calificar el 9-N de profundo fracaso del proyecto separatista por el hecho de que dos tercios de los votantes no acudieran a la cita con las urnas de cartón.

El 9-N registra nítidamente la primera señal de decaimiento del desafío del soberanismo. Desde entonces, la ciudadanía asiste atónita al desplome del gran referente de la deriva soberanista y sigue con escándalo las investigaciones judiciales sobre los multimillonarios intereses del clan de los Pujol; una trama de negocios que, se sospecha, hunde sus raíces en las comisiones por la adjudicación de contratos durante los veintitrés años de "reinado" del exhonorable en la Generalitat.

El desencanto es tal que en Barcelona ya nadie se declara afín al pujolismo y un analista local aventura que la ciudad de los prodigios seguirá siendo escenario de grandes acontecimientos, aunque entre ellos, muy probablemente, no figurará la proclamación de un nuevo Estado europeo. El primer sondeo oficial de la Generalitat hecho público desde el 9-N confirma de forma contundente el enfriamiento soberanista: la independencia de Cataluña sería rechazada hoy en las urnas. Por primera vez desde que en 2012 Mas lanzó su ofensiva para romper con España, los que se oponen a la secesión superan a los separatistas.

El dato de que los que apoyan la independencia han perdido nueve puntos desde octubre, casi los mismos que recuperan los que se oponen a ella, ha caído como una losa en las filas de Convergencia y Esquerra, hasta el punto de que Oriol Junqueras ha pedido elecciones inmediatas para frenar la sangría.

La imputación esta misma semana del matrimonio Pujol junto a tres de sus hijos (el resto, salvo uno, están inmersos en otras causas) por fraude fiscal y blanqueo de capitales al haber ocultado más de 16 millones, es otra mala noticia que pasará factura a Artur Mas y compañía, al igual que el procesamiento de la guardia pretoriana de Pujol, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, por haberse embolsado 21 millones mediante sobornos por adjudicación de obras. O sea, que, lejos de mejorar, las cosas continuarán complicándose para los soberanistas cuando la fiebre de Podemos se propaga por Cataluña.

El Tribunal Superior de Cataluña abordará mañana la admisión a trámite de las siete querellas y 25 denuncias contra Artur Mas por impulsar y tutelar la consulta soberanista. Mientras, el Gobierno no ha aclarado si investigará una supuesta adjudicación de contratos por más 450 millones a empresas en las que trabajan familiares directos del presidente de la Generalitat. Ante una pregunta de UPyD, ha optado por escudarse en la independencia de la Fiscalía General, cuyo titular se vio forzado a dimitir esta semana después de haberse negado con argumentos jurídicos a actuar inmediatamente contra Mas. La exigencia desatendida se la hizo Mariano Rajoy aquel 9-N en la Moncloa.