El instructor de la trama Púnica en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, afirmó en un momento del interrogatorio que realizó el pasado 31 de octubre al exsecretario del PP en Madrid y presunto líder de la trama que creía que parte del "dinero hinchado" en los contratos que varios ayuntamientos realizaron con la empresa Waiter Music se repartía entre cargos públicos, el propio Granados y el PP en la Comunidad de Madrid.

A lo largo de su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, a cuya grabación ha tenido acceso Europa Press, Granados niega esta acusación al "cien por cien", así como que ejerciera de "mediador" para conseguir contratos para diferentes empresas el responsable de Waiter Music, José Luis Huerta, también imputado en la trama.

"Qué tiene que ver el PP con Waiter Music, conmigo...yo que sé...", señala Granados, que niega igualmente que haya pagado a cargos públicos en Madrid para que contrataran con este empresario. "No llamo jamás a nadie para que le contraten en ningún pueblo, es mentira", insiste en su declaración.

Huerta obtuvo un contrato del Ayuntamiento de Valdemoro para la organización de las fiestas de la localidad, por un importe de 400.000 euros, y según declaró él mismo en el juzgado Granados le ayudó mucho desde el principio, tal y como recordó la propia fiscal Anticorrupción al término del interrogatorio.

Granados negó ante el juez tener responsabilidad en estos contratos inflados y dijo no saber tampoco por qué en muchos de los casos éstos se adjudicaban por el trámite de urgencia. "No soy alcalde desde 2003, no sé lo que lo que pasa en los ayuntamientos ni me importa. Yo qué voy a aconsejar a nadie. Las cosas no funcionan así, ni mucho menos", señala a preguntas del magistrado y la fiscal.

No obstante, el exmandatario popular sí reconoce durante su declaración una relación con Huerta. "Cuando era mi cumpleaños me llevaba un grupillo de música o un humorista, era lo que me regalaba", admitió en un momento de la declaración, para añadir que le facilitó un encuentro con el empresario Enrique Cerezo porque quería que éste le produjera una película sobre el grupo Cantajuego.

La fiscal de la Operación Púnica acusó al exconsejero madrileño Francisco Granados, al finalizar su interrogatorio, de haber utilizado sus influencias para "ayudar a gente" a conseguir contratos a cambio de recibir él una contraprestación.

Éste es uno de los argumentos por los que la fiscal pidió el pasado 31 de octubre al juez del caso, Eloy Velasco, que ordenara el ingreso en prisión de Granados, según consta en las grabaciones de las comparecencias de imputados y testigos conocidos ayer.

Tras conocer las escuchas, comprobar la información aportada por la Agencia Tributaria y la proporcionada por el ministerio público, la fiscal encontró evidencias de que Granados, siendo alcalde de Valdemoro y en su posterior cargo en el Gobierno regional, "procuró la adjudicación de numerosos contratos de obra y venta de parcelas a su gran amigo David Marjaliza (el presunto cerebro de la trama Púnica) y a las empresas vinculadas al mismo".

El papel de Alejandro de Pedro

Según el sumario, Marjaliza, socio del exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, mandó construir un zulo en su casa de Valdemoro (Madrid) al objeto de "ocultar parte de su patrimonio", que el juez Velasco eleva a un total de 33.498.675,30 euros. En un auto el magistrado detallaba que la sobrina del constructor, a pesar de haber nacido en 1997, acumula en la actualidad "un patrimonio de 14 inmuebles, valorados catastralmente en 589.600,24 euros".

Durante su declaración, que duró más de dos horas, el presunto conseguidor de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, De Pedro detalló los trabajos de publicidad y reputación 'on line' que realizó, entre otros, para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, los expresidentes de la Diputación de León Isabel Carrasco y Marcos Martínez o el exconsejero de Industria y Turismo de la Región de Murcia Juan Carlos Ruiz.

Tal y como avanzó en su declaración ante la Guardia Civil, el informático detalló en su comparecencia judicial que el ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás, imputado en el procedimiento, le anunció que le pagarían 10.000 euros a través de la empresa Indra.

"Pepe me dijo que fuera a un sitio, que me estaba esperando una persona de Indra y asistí. Cuál fue mi sorpresa que cuando asistí, tenía un sobre debajo del asiento. Me dijeron: 'Coge el sobre y abre la puerta'. Había 10.000 euros", relata. El pago se produjo en La Moraleja, según explicó a los agentes del instituto armado, en "un Audi, un Mercedes o un BMW" de un directivo de la compañía.

En otro momento de la declaración, De Pedro explica que se planteó con su socio, el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa (PSOE), si debían cobrabar a Granados por unos trabajos de reputación 'on line' que le habían prestado. "No, no, es que Paco nos ha ayudado muchísimo", contesta.

Al ser preguntado por el juez en qué les ayudó Granados, el experto en redes sociales señala que, después de hacerle trabajos de posicionamiento en la red cuando era vicepresidente de la Comunidad de Madrid, les presentó "gente en el PP de Madrid". "Yo creo la empresa hace cuatro años y entro en el PP de Madrid gracias a que él era el secretario general del partido. Yo no le conocía de nada pero para mí fue un impulso trabajar con algunos alcaldes", explica.

Los trabajos, según explica, los pagaba siempre el PP de Madrid y estaban relacionados con cursos de formación en redes sociales para alcaldes y cargos públicos. Entre los municipios en los que trabajaron, según su versión, estaban Alcorcón y Coslada.

En relación con el PP nacional, De Pedro indica que su único contacto era el exvicesecretario de Organización y Electoral, a quien conoció "hace dos años". También contactó con el exdiputado Ignacio Uriarte para intentar tener acceso a la secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, a la que quería proponerle su trabajos sobre "lo que estaba suciediendo en las comunidades autónomas respecto del PP" en las redes sociales.

En otro pasaje del interrogatorio la fiscal Carmen García pregunta a De Pedro por qué guardaba 82.000 euros en efectivo en una chaqueta que tenía en un armario de su domicilio. De Pedro explica que se trataba de un dinero que había "ido ahorrando" y 17.000 euros procedentes de la venta de un coche. Según dice, durante un tiempo se lo guardó su suegra pero se lo devolvió cuando se fue a vivir "de Valencia al pueblo". "La familia de mi mujer es así", argumenta.

En este sentido, niega haber utilizado el dinero en metálico para efectuar el pago de "favores, comisiones o influencias" a cargos públicos a cambio de la adjudicación de contratos. "¡Eso jamás y quiero decirlo en grande. Jamás!", insiste.

El imputado asegura también no reconocer una conversación que le fue intervenida por orden del juez Velasco en la que su mujer le preguntaba que hacía con "dos bolsas de dinero" y si lo ingresaba "en las cuentas de siempre". "No, no, seguro que no", dice.