El director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, aseguró ayer que no hay "absolutamente ninguna interferencia" en la investigación de la Unidad Central Operativa al exvicepresidente Rodrigo Rato, porque los agentes de la UCO trabajan "a las órdenes del poder judicial".

Fernández de Mesa negó que los investigadores teman intoxicaciones políticas en la causa. Añadió que sus actuaciones no están contaminadas por ningún tipo de injerencia. En su intervención ante la Comisión de Interior del Congreso, el director de la Guardia Civil garantizó que no se ha producido "ninguna brecha ni ninguna intervención política" en el "caso Rato".

En cuanto a la preocupación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles a raíz de la reunión del ministro del Interior con Rato por si la investigación "pueda quedar intoxicada", Fernández de Mesa dijo que el responsable de la UCO no le trasmitió "ningún tipo de temor". A la pregunta del PSOE de si la Guardia Civil "está investigando los delitos del presunto delincuente señor Rato y si tiene dependencia funcional o no del Ministerio del Interior, Fernández de Mesa contestó con un "nosotros no entramos en eso", aunque confirmó las pesquisas en torno al exvicepresidente que Fernández Díaz eludió aclarar.

Mientras, el presunto testaferro y colaborador en el blanqueo de Rato, Alberto Portuondo, comparece hoy ante el juez Antonio Serrano-Artal, quien decidirá si le mantiene en prisión donde permanece desde que el domingo fuera detenido en el aeropuerto de Barajas cuando intentaba tomar un vuelo a México. Su empresa Albisa fue utilizada para el cobro por Rato de comisiones por cerca de dos millones de empresas proveedoras de Bankia .

Fernández de Mesa explicó ayer en el Congreso que la Guardia Civil ha triplicado las operaciones para investigar casos de corrupción desde 2011, con un resultado de 618 personas imputadas. En concreto cifró en 113 las causas contra la corrupción, frente a las 34 abiertas en 2011, y recordó que los equipos contra la delincuencia urbanística creados en 2006 se han transformado en equipos para investigar delitos contra la Administración.