La Guardia Civil está registrando en Barcelona un despacho de la sede central de CDC, su fundación Catdem y cuatro ayuntamientos catalanes por mandato del juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona), que instruye un caso de presunta corrupción por pagos de comisiones del 3 % de la constructora Teyco al partido.

Según fuentes próximas a la investigación, los fiscales Anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo, acompañados de agentes de la Guardia Civil, han entrado hacia las 13.00 horas en la sede central de la formación nacionalista, situada en la calle Córcega de Barcelona.

Los fiscales, junto a un secretario judicial, se han presentado en la sede de CDC con una orden de entrada y registro expedida por el titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell, que investiga un caso de presunto pago de comisiones ilegales a CDC por parte de la constructora Teyco en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona).

Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, además de la sede de Catdem, en la calle Casp de Barcelona, la Guardia Civil ha recogido información en los consistorios de Lloret de Mar y Figueres (Girona) y Sant Celoni y Sant Cugat del Vallès (Barcelona), en todos los casos por delitos contra la administración pública.

Los registros, llevados a cabo junto a la Fiscalía Anticorrupción y que incluyen también el domicilio del extesorero de CDC Daniel Osàcar, se engloban en la denominada Operación Petrum 2 y, según estas mismas fuentes, no se prevén detenciones.

Durante estos registros la Guardia Civil ha examinado los correos electrónicos del extesorero de CDC Daniel Osàcar, que se ha desplazado a la sede central de Convergència para facilitar el acceso de los agentes a su cuenta desde un ordenador situado en las dependencias de la formación.

Según han informado fuentes convergentes, Osàcar, cuyo domicilio ha sido registrado también esta mañana por orden del juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga un caso de presunta corrupción, ha acudido este mediodía a la sede de CDC para abrir su cuenta de correo desde uno de los ordenadores situados en las dependencia del partido.

Osàcar ha llegado a la sede de CDC al volante de su propio vehículo, acompañado de un secretario judicial, encargado de dejar constancia documental de los correos electrónicos examinados por la Guardia Civil.

El extesorero de CDC y exadministrador de la fundación Catdem, que ha alegado que desde su domicilio no podía acceder a esos correos por sus limitaciones informáticas, ha facilitado el acceso de los agentes a los mensajes contenidos en su cuenta, tras lo que ha abandonado la sede de nuevo en su coche.

La Guardia Civil, junto a los fiscales Anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo, ha acudido a la sede de CDC para registrar el despacho profesional del administrador de Catdem y del partido, Andreu Viloca, cargo análogo al que ocupó Daniel Osàcar hasta diciembre de 2010.

Supuestos pagos a ayuntamientos

A raíz de la documentación intervenida tras las detenciones de la familia Sumarroca, la Guardia Civil halló indicios de supuestos pagos de estos ayuntamientos investigados a la fundación Catdem del 3 % del valor de las adjudicaciones.

De confirmarse estos hechos, la Fiscalía vería corroboradas las sospechas incluidas en la pieza separada número 3 del caso Torredembarra sobre los nexos entre el alcalde del municipio Daniel Masagué y la financiación irregular de CDC.

La Audiencia de Tarragona acordó el pasado 11 de agosto dejar en libertad con cargos, con una fianza de 600.000 euros, al exconsejero delegado de la constructora Teyco Jordi Sumarroca, que permanecía encarcelado desde el pasado 24 de julio, tras su detención en una operación contra la corrupción y el blanqueo.

Sumarroca, hijo de uno de los fundadores de CDC, abandonó la cárcel tras depositar la fianza de 600.000 euros que le impuso la Audiencia de Tarragona.

Por otra parte, la Guardia Civil se ha llevado del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona) el expediente de un contrato por 1,7 millones de euros adjudicado a la constructora Teyco de Jordi Sumarroca en 2009, cuando el municipio era gobernado por el exdiputado convergente Xavier Crespo.

Según han informado fuentes municipales, en el marco de la Operación Petrum 2 los agentes han entrado en la sede del consistorio hacia las 10:30 horas con una orden judicial de incautación del expediente de contratación relativo a las obras que la constructora Teyco ejecutó en el parque urbano Can Xardó de Lloret de Mar.

Un Land Rover de la Guardia Civil ha llegado también hacia las 10 de la mañana al ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), según han explicado fuentes del consistorio a Efe, y los agentes se han llevado "documentación administrativa" municipal.

También la Guardia Civil ha requisado el expediente de contratación de la construcción del edificio Sax Sala de Sant Celoni (Barcelona), obra realizada en 2009 por la empresa Teyco, según ha explicado a Efe el alcalde de la ciudad, Francesc Deulofeu (CiU).

Asimismo, y según ha informado la alcaldesa de Figueres, Marta Felip, agentes de la Guardia Civil, acompañados de un secretario judicial, han acudido a la sede de este consistorio poco después de las 10:00 horas y la han abandonado tres horas después, con cuatro cajas precintadas con documentación relativa a un contrato de 2009 por valor de 1,7 millones de euros adjudicado a Teyco para construir una piscina cubierta, cuando era alcalde el ahora conseller Santi Villa.

Un "espectáculo mediático"

Ante estos hechos y a un mes de las elecciones catalanas, el coordinador general y número dos de CDC, Josep Rull, ha denunciado el "espectáculo mediático" que a su juicio son los registros, y ha lamentado que la Fiscalía haya querido "entrar en campaña antes de hora" para "interferir" en el proceso soberanista catalán.

Rull ha asegurado que están "comprometidos con la justicia y la transparencia" pero ha denunciado que la actuación ha sido conocida antes por los medios de comunicación que por la parte afectada, por lo que, a su juicio, "el objetivo es buscar un espectáculo mediático antes de unas elecciones trascendentes" como las catalanas del 27S.

Por contra, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha instado a CDC a que "no busque culpables fuera de sus filas" y "se preocupe más de lo que pasa dentro de ellas".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha respondido a las críticas de CDC: "Pediría a todo el mundo que se respete las decisiones judiciales". Sáenz de Santamaría ha insistido además en el "victimismo" habitual de los dirigentes de Convergència.

El caso ha recibido la repulsa de los partidos catalanes e incluso el cabeza de lista de la plataforma en la que concurre CDC en las catalanas (Junts pel Sí), Raül Romeva, ha pedido "clarificar" el caso de Torredembarra.