Un empresario que fue extorsionado por la mafia policial reveló las fiestas con prostitutas y drogas que la red organizaba para políticos, agentes e incluso delincuentes en su local y otros establecimientos.

Entre los cargos públicos que asistían identificó al exalcalde de Llucmajor, Joan Jaume, y "un político de Campos y otro de Andratx que venía con un Porsche Carrera gris". En su declaración, este testigo, que solicitó protección por temor a sufrir represalias, detalló también como agentes de la Patrulla Verde chantajeaban a los dueños de negocios y la implicación de funcionarios de Cort para agilizar la concesión de licencias o anular sanciones a cambio de mordidas.

Este afectado contó ante la Policía y el juez de instrucción cómo empezó a sufrir inspecciones de la Patrulla Verde entre los años 2009 y 2010. Los agentes le imponían sanciones injustas y manipulaban pruebas para imponerle multas. Llegaron a precintarle el establecimiento.

El testigo protegido sitúa al policía Gabriel T. como la persona que decidía qué locales se inspeccionaban a instancias de Nicanor G. El empresario asegura que los agentes cobraban entre 200 y 1.000 euros semanales de los negocios a los que extorsionaban a cambio de no recibir inspecciones. En algunos negocios, los más pequeños, en lugar de recibir dinero consumían gratis.

La trama exigía además la cesión de los locales para celebrar fiestas privadas. Según su versión, a estas celebraciones acudían políticos, miembros de la Patrulla Verde, funcionarios del Ayuntamiento de Palma y empresarios. Entre otros, asistían Joan Jaume, exalcalde de Llucmajor y "un político de Campos y otro de Andratx". En las fiestas, que tenían también lugar en el Table Dance de s´Arenal vinculado al grupo Pabisa, se consumía "mucha bebida" y cocaína que proporcionaban los policías y había "muchas mujeres". Los asistentes no pagaban absolutamente nada.

Sospechas de grabaciones

Varios de los miembros de la Policía Local que denunciaron las actividades corruptas de sus compañeros narraron las sospechas existentes entre los asistentes a las fiestas de que estas habían sido grabadas y podían servir para chantajearles.

Por otra parte, el agente Daniel M., calificado como "el bandido número uno", organizaba en el local de este testigo fiestas para carteristas rumanos a los que estaba vinculado. Según el testigo, este agente brindaba protección a los delincuentes, garantizándoles que en su zona de actuación no sufrirían intervenciones policiales.

Varios policías que trabajaron junto a los investigados relataron cómo miembros del GAP mediaban en las actuaciones contra estos carteristas. Los delincuentes solían preguntar por los agentes corruptos cuando eran detenidos y durante algunas de estas intervenciones aquellos aparecieron en escena para recriminar la actuación a los policías.