Un comisario de la Policía Local de Palma -uno de los mandos con mayor rango en el cuerpo municipal- afirmó al juez que "el Partido Popular fue creando un grupo de afines para conseguir dar puestos de consideración en la cúpula policial, previendo que no siempre estarían en el poder".

La declaración de este alto cargo policial es una más de las que sitúan a varios cargos del PP de Palma como responsables de urdir un plan para controlar la Policía Local aunque la formación perdiera las elecciones y pasara a la oposición.

El comisario señala al regidor Álvaro Gijón y el presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, como las personas que podrían estar dando órdenes directas a los agentes afines. Ninguno de los dos está imputado en la investigación. Sin embargo, sus nombres aparecen de forma repetida en las 21.697 páginas que se han hecho públicas desde que se levantara parcialmente el secreto de sumario en el caso de corrupción de la Policía Local de Palma.

El plan, según los investigadores, comenzó a urdirse en una reunión celebrada el 8 de marzo de 2011, casi tres meses antes de ganar las elecciones. Según un asistente a la reunión, a esos encuentros asistió el futuro alcalde de Palma, Mateo Isern, acompañado por Gijón y Rodríguez. El encuentro entre políticos del PP y policías locales tuvo lugar en un bar propiedad de uno de los agentes imputados en la causa.

Fue entonces cuando los máximos responsables del PP de Palma comenzaron a organizar el futuro organigrama de la Policía Local. El testigo, que entonces era representante sindical, explica que un día le llamó Álvaro Gijón para preguntarle a quién aceptaría como jefe del cuerpo municipal. El sindicalista mencionó a Rafael Estarellas, pero Gijón le respondió que "ya se lo habían propuesto y no quería ser el jefe". Entonces el político popular sacó a colación el nombre del que finalmente iba a ser el jefe de la Policía Local de Palma entre 2011 y 2013: Antonio Vera.

A principios de 2011, cuando todavía era alcaldesa la socialista Aina Calvo, el regidor Álvaro Gijón era un perfecto conocedor de los entresijos de la Policía Local. Él había sido concejal de Seguridad Ciudadana durante el mandato de Catalina Cirer. En noviembre de 2006, cuando él era responsable de la Policía Local, se creó el Grupo de Actuación Preventiva (GAP). Esta unidad es una de las que más veces figura en el sumario judicial: las pruebas señalan que varios de sus agentes controlaban prostíbulos, cobraban comisiones, actuaban según las órdenes de los políticos o servían como guardias de seguridad encubiertos de varios locales de la Platja de Palma, entre otras irregularidades.

Acusaciones contra Gijón

Por aquel entonces, hace ya una década, Álvaro Gijón comenzó a recibir quejas de las maniobras turbias de dos agentes municipales (Gumersindo C. O. y Nicanor G. S.). Un empresario, propietario de tres bares de copas del paseo marítimo, se reunió con Gijón cuando era regidor de Seguridad. Le explicó que esos dos policías le estaban haciendo la vida imposible y le amenazaban para contratarles. Acabó aceptando las coacciones y varios agentes comenzaron a trabajar como vigilantes de sus locales. A pesar de que la gravedad del asunto, Gijón -que actualmente es regidor de Cort y diputado en el Parlament balear- "mostró una actitud pasiva, dándole largas y no haciendo caso de lo que le había expuesto" el empresario.

Los investigadores creen que Álvaro Gijón era una de las personas que protegían a policías presuntamente corruptos como José Daniel M. E. y le daban un trato de favor. Así lo señala la Guardia Civil en un informe de enero de 2015, que le atribuye al político popular un presunto delito de prevaricación. Sin embargo, hasta la fecha el juez instructor no le ha imputado en la causa.

Durante el mandato de Mateo Isern en la alcaldía de Palma, Gijón era el primer teniente de alcalde y tenía dentro de su área de gobierno la regiduría de Seguridad Ciudadana.

Entre otros nombres, el informe de la Guardia Civil también señala a José María Rodríguez, el ex director general de Seguridad de Cort, Enrique Calvo, o el exconcejal de Seguridad Guillermo Navarro como otros cargos del PP que favorecían a los agentes implicados en la trama corrupta.

El intento de controlar a la Policía Local habría tenido un doble objetivo, según la instrucción judicial. Por un lado, pretendían realizar un espionaje político a compañeros de partido y adversarios. Por otro, querían beneficiar a empresarios afines, sobre todo a los grupos empresariales Cursach y Pabisa, que controlan la mayoría de negocios en la Platja de Palma y el paseo marítimo.