El PSOE quiere aligerar la presión que supone la amenaza de unas terceras elecciones el día de Navidad. Para ello, estudia modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral y reducir a una semana los quince días que ahora están fijados como duración de la campaña. Si ese cambio prosperase, en el supuesto de que el 31 de octubre no hubiera presidente del Gobierno, el llamamiento a las urnas sería el 18 de diciembre.
El portavoz socialista en el Senado, Óscar López, reconoció ayer que su partido "estudia fórmulas" legales para acortar la campaña electoral. Busca evitar la "salvajada" y el "chantaje" que supone el calendario marcado por Rajoy y que obligaría a votar el 25 de diciembre si los grupos fracasan en alumbrar un jefe del Ejecutivo. La modificación, que además aliviaría a los partidos del gasto de una tercera campaña electoral en un año, resulta muy complicada de consumar con un Gobierno en funciones y un parlamento que tendrá los días contados a partir del miércoles próximo, cuando, si el candidato del PP no consigue ser investido presidente, comience a correr el plazo de dos meses hacia la disolución de las Cortes.
Ciudadanos redobló ayer sus amenazas al PP ante lo que consideran escasa concreción de las negociaciones. Su portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta, dio un plazo de 48 horas, hasta la noche del sábado, para que los populares accedan a fijar la cuantía y los plazos de sus principales medidas sociales y asuman alguna de las reformas institucionales propuestas. De lo contrario, los 32 diputados del partido de Albert Rivera no respaldarán al candidato popular en la investidura y volverán a su posición de votar en contra al primer intento, el miércoles próximo, y abstenerse en el segundo, 48 horas después.
Girauta lamentaba ayer que el tono de la negociación no haya "cambiado nada" después de que Ciudadanos hiciera público su malestar. Reconoce que hay "avances concretos", pero siempre circunscritos a medidas que no necesitan cuantificación o no son reformas de calado. El portavoz de la formación naranja reclama del PP que "pinche la burbuja política" y acabe con el "pesebre", en alusión a la supresión de las diputaciones y a la reforma del Senado.
Por parte de los populares, su vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, mantiene que la negociación ha "avanzado mucho". Sorprendido por el ultimátum de Ciudadanos, Martínez-Maillo advierte a los de Rivera que su partido "ni quiere ni acepta" plazos.
El debate
Las diferencias que amenazan con dar al traste la negociación entre Ciudadanos y el PP se producen cuando apenas restan cinco días para que el candidato popular se presente ante los diputados. El formato del debate de investidura, decidido por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, será el mismo que el seguido cuando el socialistas Pedro Sánchez se sometió a los votos de la cámara. En aquel momento, el PP criticó con dureza que la primera sesión se reservase íntegramente para el aspirante y las réplicas del resto de los grupos se aplazasen hasta el día siguiente.
Mariano Rajoy comenzará su intervención el martes próximo a las cuatro de la tarde. El miércoles, 31 de agosto, será el momento de los portavoces del resto de los grupos parlamentarios. Después vendrá la votación, en la que el candidato popular necesitaría mayoría absoluta -176 diputados- para salir investido. Previsiblemente no será así -con lo que comenzará a correr el plazo de dos meses para la disolución de las Cortes y convocatoria de nuevas elecciones- y Rajoy se someterá a la Cámara el viernes, votación en la que sería suficiente la mayoría simple para convertirse de nuevo en presidente del Gobierno. Todo apunta a que tampoco en esa ocasión conseguirá su objetivo.
Como paso previo al debate de investidura, ayer, después de muchas discrepancias, quedaron asignados los lugares que ocuparán en el hemiciclo los distintos grupos parlamentarios. Los integrantes de la mesa del Congreso Ignacio Prendes (Ciudadanos) y Juan Luis Gordo (PSOE) pidieron a la presidenta del Congreso que la cámara trabaje a un ritmo normal pese al clima de interinidad política.
