El caso de los presuntos ERE fraudulentos en Andalucía ha llegado a su punto álgido con el procesamiento de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El juez Álvaro Martín ha dado por concluida la investigación sobre la presunta trama de corrupción vinculada a las irregularidades en la concesión de ayudas públicas a empresas en crisis entre 2001 y 2011. Estas son las claves de los ERE.

¿En qué consistían las ayudas?

En el año 2001, la Junta de Andalucía, con Manuel Chaves como presidente, crea un fondo de ayuda a empresas en problemas. El fondo tenía como objeto otorgar subvenciones y prejubilaciones a trabajadores cuyas empresas entrasen en Expediente de Regulación de Empleo. Hasta el año 2011, el fondo estaba dotado con 721 millones de euros, pero el presupuesto final contemplaba la cifra total de 1.217 millones.

¿Dónde se originó el fraude?

Alrededor de 6.000 trabajadores accedieron a las ayudas de manera legal, lo que supuso el desembolso de la mayor parte del presupuesto, pero entre los receptores también se incluyeron personas que nunca habían trabajado para esas empresas, así como muchos intermediadores que operaban en el trasvase de las ayudas desde IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), el organismo autónomo de la Junta que ejecuta los pagos, y los perceptores.

¿Quiénes eran los intrusos?

Es la denominación que recibieron los comisionistas, consultoras y bufetes de abogados, a los que se calculó que se desviaron de forma irregular unos 136 millones de euros, con la supuesta connivencia de la Dirección General de Trabajo de la Junta andaluza, que es la que autorizaba a IDEA la orden de los pagos. El dinero recibido por los ´intrusos´ recibe también la denominación de ´fondo de reptiles´, un contenedor de ayudas caracterizado por su opacidad.

¿Quiénes eran los responsables?

El sistema nació en 2001, bajo la presidencia de Manuel Chaves, y continuó hasta el año 2011, ya con José Antonio Griñán al frente del Gobierno andaluz. El propio Griñán fue consejero de Economía entre 2004 y 2009. Magdalena Álvarez, imputada por la juez Alaya, ocupó ese cargo entre 1994 y 2004. José Antonio Viera, también citado a declarar como imputado, fue consejero de Empleo entre 2000 y 2004.