El Gobierno considera que la agresión a dos guardias civiles cometida por medio centenar de personas en la localidad navarra de Alsasua es un delito de odio, no una acción de "kale borroka", que considera que "ya ha pasado a la historia", y ha garantizado la continuidad de la Guardia Civil en Navarra.
La agresión sufrida el pasado sábado por un sargento y un teniente de la Guardia Civil y sus parejas ha merecido hoy la censura del Congreso, donde se ha aprobado una declaración institucional, con los votos en contra de EH Bildu y ERC, y la abstención del Partido Demòcrata Europeu Catalá.
"Mostramos el apoyo y solidaridad con la Guardia Civil ante estas injustificadas agresiones", señala el texto, que rechaza una violencia que "nunca podrá quedar impune".
En el Senado, en cambio, la negativa de ERC ha impedido aprobar una declaración institucional de condena a las agresiones, ya que en la Cámara Alta para que un texto sea aprobado como declaración institucional por el Pleno debe contar como condición indispensable con la firma de todos los grupos.
El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que la Guardia Civil está en Navarra "para quedarse" y ha destacado que "la inmensa mayoría de la sociedad navarra quiere a la Guardia Civil y ve en la Guardia Civil un garante de la seguridad y sus libertades".
Fernández Díaz ha explicado que, al margen de la calificación que haga la Fiscalía y la juez de los hechos, entiende que la agresión sufrida por los dos agentes es "encuadrable en los delitos de odio", pues se produjo porque las víctimas fueron identificadas como miembros de la Guardia Civil.
"Cuarenta y dos años de terrorismo no se van de la noche a la mañana y hay una patología social y un odio al que nos debemos enfrentar", ha dicho el ministro, tras recordar que el próximo jueves se cumplen cinco años desde que ETA anunciara el cese definitivo de sus actividades terroristas.
La presidenta navarra, Uxue Barkos, ha asegurado que su Gobierno "ha sido firme y contundente" en la condena y al "asumir" la investigación de la agresión a los guardias civiles y sus parejas.
La consejera navarra de Interior y Justicia, María José Beaumont, designada a propuesta de EH Bildu, ha afirmado que será la juez instructora del caso la que decidirá si el ataque a dos guardias civiles y sus parejas se juzga como un acto de terrorismo, si bien ha apuntado que, en su opinión, "no será así".
Beaumont ha precisado que "continúa" la investigación sobre la agresión y que los agentes declararon ante la Guardia Civil y no ante la Policía Foral, y que dichas declaraciones "ya están en el atestado de la Policía Foral y también en el juzgado".
El Ayuntamiento de Alsasua aprobó anoche una declaración de condena a la agresión, a la que tampoco se sumó EH Bildu. El texto mostraba también "preocupación y malestar por la masiva presencia de la Guardia Civil" en la localidad navarra, por lo que no fue respaldado por UPN.
Sí lo hizo, en cambio, el representante del PSN-PSOE en el consistorio, que hoy ha sido desautorizado por la dirección regional del partido, encabezada por María Chivite.
Los socialistas navarros han reiterado su condena de los hechos y recuerdan que la dirección de Navarra participó anoche en Pamplona en un acto de apoyo público a la Guardia Civil.
La portavoz parlamentaria del PPN, Ana Beltrán, ha pedido la comparecencia de Barkos para que se posicione en la Cámara navarra sobre las agresiones.
