El Tribunal Constitucional (TC) anuló ayer la prohibición de celebrar corridas de toros en Cataluña, aprobada por el Parlament en 2010 y recurrida por el PP, al considerar que la legislación autonómica invadió competencias estatales. El anuncio de la sentencia fue seguido de una cascada de reacciones políticas, y la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona advirtieron que intentarán esquivar o revertir el fallo.
El pleno del TC tomó su decisión por ocho votos a favor y tres en contra. En síntesis, la corte de garantías estima que el Ejecutivo catalán, entonces presidido por el socialista José Montilla, sobrepasó sus competencias en materia de espectáculos y de protección de animales. La Generalitat, argumenta el TC, puede regular los espectáculos públicos, pero no prohibir una fiesta que es patrimonio cultural por decisión del Gobierno central.
De hecho, la sentencia del Constitucional se fundamenta en dos legislaciones, aprobadas por el Congreso en 2013 y 2015, que declararon los toros como patrimonio cultural. Se da la circunstancia de que la ponente de la sentencia fue la magistrada Encarnación Roca, propuesta para el TC por la extinta CiU y apoyada por el PP y el PSOE.
La reacción del Gobierno catalán la hizo pública el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, que aseguró que los toros "no volverán" a Cataluña "diga lo que diga" el TC, por lo que el Ejecutivo de Carles Puigdemont desplegará "todos los mecanismos operativos y normativos" a tal fin tras analizar "a fondo" la sentencia.
El Consejero argumentó que lo que "prevalece" es la voluntad de los catalanes expresada en el Parlament, lo que es "inalterable", así como que la prohibición partió de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), lo que otorga en su opinión un "valor añadido".
Rull esgrimió que el fondo de la cuestión es si "es aceptable en el siglo XXI un espectáculo basado en el sufrimiento y en la muerte de un animal". "Cataluña dijo no y seguirá diciendo no".
También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, respaldada por todos los grupos municipales, excepto C's y PP, reiteró el compromiso de la capital catalana contra el maltrato animal y reafirmó que Barcelona seguirá siendo la primera ciudad antitaurina de España. "Haremos todo lo posible para dejar sin efectos prácticos la sentencia", prometió Colau.
El diputado del PSC Jordi Terrades afirmó que los socialistas catalanes "acompañarán" al Govern en la búsqueda de "vías legales" para "impedir" que las corridas vuelvan a Cataluña.
Catalunya Sí Que Es Pot brindó también su apoyo al Govern para buscar conjuntamente las vías "legales" que permitan "no acatar" la sentencia del TC, y la diputada de la CUP Mireia Boya aseguró que su formación está "harta de las estocadas semanales del TC" y llamó a la desobediencia. El líder del PPC, Xavier García Albiol, celebró el "golpe" para los independentistas.
