No llegará la sangre al río para los diputados afiliados al PSOE que mantuvieron el voto negativo a Rajoy incumpliendo el mandato imperativo del comité federal para que se abstuviesen. La gestora del partido tiene claros tres escenarios a la hora de abordar las posibles consecuencias para los parlamentarios que desobedecieron: la situación de quienes militan en el propio PSOE, la de los independientes y la de los diputados que están bajo la disciplina del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC).
Los seis -de los 15 parlamentarios que votaron "no" a Rajoy- que son afiliados al PSOE se hallarán dentro del marco de las llamadas al "sosiego" que lanzó el mismo viernes de la investidura el presidente de la gestora, Javier Fernández. Fuentes próximas a la actual dirección del partido señalan que, aunque es probable que sufran alguna sanción económica o retirada de funciones en el Congreso, se establecerán más bien en el marco del grupo parlamentario. En todo caso no hay prisa por abordar esa cuestión.
Tampoco la hay para resolver el caso de los siete diputados del PSC y los dos independientes, pero la forma de abordarla es distinta. El portavoz de la gestora, el andaluz Mario Jiménez señaló que sobre estos nueve diputados "el PSOE no tiene jurisdicción". Pero sí recalcó que la situación de los diputados catalanes está relacionada "con la evaluación absolutamente imprescindible que procede hacer de la relación que venimos manteniendo las dos organizaciones".
Esa es una de las próximas situaciones conflictivas a las que se enfrenta el PSOE. El sector afín a la andaluza Susana Díaz es partidario de reescribir el acuerdo de relación con los catalanes expulsando al partido "hermano" de los órganos de decisión del Partido Socialista: de la Ejecutiva y del comité federal. Con un efecto añadido: los militantes de Cataluña, feudo de apoyos a Pedro Sánchez, no podrían votar en las futuras primarias.
