Dos presidentes en un mismo banquillo

Más de seis años y medio después de que la magistrada Mercedes Alaya incoara las diligencias previas 174/2011, más conocidas como el 'caso ERE', la Fiscalía Anticorrupción en septiembre y ahora el juez Álvaro Martín han puesto nombres, apellidos y penas a la "pieza política" del caso. En su escrito, el juez explica que Griñán, presidente entre 2009 y 2013, será juzgado por los presuntos delitos de malversación y de prevaricación, mientras que su antecesor, que fue presidente 19 años, entre 1990 y 2009, lo será solo por prevaricación. Una suerte desigual para los dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía que se dieron de baja en el partido hace meses cuando fueron procesados en el mes de junio y que desde entonces han roto también su amistad.

El ministerio público en su escrito de acusación de septiembre ya asumía las tesis de la jueza Alaya, que estaba convencida de que toda la cúpula del gobierno andaluz conocía y permitía este sistema "fraudulento" de ayudas y subvenciones públicas sin control aparente de un fondo dotado con 855 millones entre 2001 y 2010.

Todo empezó hace seis años y el resultado de esta investigación judicial es demoledor y supone toda una enmienda judicial y política a la gestión de una década de gobiernos socialistas en Andalucía. Mercedes Alaya fijó desde el principio cuál era el objetivo de su instrucción: el corazón del consejo de gobierno de la Junta de Andalucía. Así, desde enero de 2011 paseo su famoso maletín cargado de imputaciones desde abajo hacia arriba hasta alcanzar la cúpula del gobierno socialista y se mantuvo firme en una compleja y polémica instrucción para desmarañar lo que ella consideraba un "monumental fraude".

Durante estos seis años de instrucción, Alaya fue tejiendo una tela de araña para reforzar una sola idea: su convencimiento de que el Gobierno andaluz ideó y se confabuló durante una década para crear un sistema de financiación que escapara de todo control con el fin de repartir el dinero, unos 885 millones de euros, de forma arbitraria, con el exclusivo fin de burlar los controles de la intervención para favorecer a determinadas empresas, personas e incluso ayuntamientos.

La juez Mercedes Alaya. Foto: EFE

Sobre esta tesis fue tejiendo esa tela de araña a golpe de autos judiciales -la mayoría coincidentes con periodos electorales o cambios en los gobiernos de la Junta- para alcanzar las figuras claves de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que tuvieron que dimitir como presidentes, buscar el refugio del aforamiento en el Congreso y en el Senado lejos de los tentáculos de la magistrada sevillana y que en junio de 2016 acabaron procesados en un duro auto judicial por los delitos de prevaricación administrativa y otro de malversación, aunque esta última imputación sólo afecta a Griñán. Junto a ellos, el juez Álvaro Martín procesaba ya en la 'pieza política de los ERE' a seis exconsejeros y otos ex altos cargos de la Junta. Griñán y Chaves se dieron de baja del PSOE y abandonaron toda actividad política.

El origen del fin

Todo empieza en los años noventa, cuando Andalucía sufría sucesivas crisis industriales en empresas como Astilleros, Puleva, Santana, Cervezas Alhambra, Intelhorce..., que dejaron a miles de trabajadores en las calles. El PSOE, que teñía de rojo el mapa de las ocho provincias andaluzas, empezó a tener problemas y desgaste por los conflictos laborales. Las visitas del presidente Chaves siempre estaban acompañadas por actos reivindicativos que minaban la incontestable hegemonía socialista en Andalucía.

El gobierno de Chaves decidió poner en marcha el llamado fondo de los ERE, la famosa partida 31L más conocida como el 'fondo de reptiles', que nace en 2001 con el fin de garantizar la paz social en la comunidad y permitir a la Junta de Andalucía contar con una herramienta para actuar de forma rápida ante conflictos laborales al igual que se hace en otras comuniaddes. Para ejecutar esta decisión política, la Consejería de Empleo apostó por utilizar un procedimiento administrativo (la transferencia de financiación) que proporcionaba esa celeridad en el pago de ayudas, prejubilaciones..., pero en su contra jugaba que esta partida escapaba de cualquier control y los fondos públicos se podían usar con la discrecionalidad que se quisiera y sin más explicaciones, lo que no dejaba de ser una invitación a posibles fraudes y a la corrupción.

Ante tan suculento pastel empezaron a revolotear los actores secundarios de esta trama de corrupción con fondos públicos. El primero fue Javier Guerreo, exdirector general de Trabajo durante nueve años y principal imputado en el caso, que repartió como quiso este pastel millonario durante la primera década del siglo XXI con el consentimiento o la pasividad de los exconsejeros José Antonio Vera y Antonio Fernández. Luego llegaron los comisionistas, sindicalistas, cargos socialistas, intermediarios, familiares, aseguradoras..., hasta sumar durante los seis años de instrucción a 270 personas imputadas en la causa.

Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía. Foto: EFE

Por el camino, según la investigación, se ha quedado un fraude a las arcas públicas de unos 152 millones euros que fueron a parar a bolsillos equivocados. Se cifró en unos 66 millones los pagados por sobrecomisiones, a los que habría que sumar unos 73,8 millones por ayudas a empresas que no reunían las condiciones para acogerse a un ERE y algo más de 12 millones de euros que fueron a parar a los denominados intrusos, es decir, personas que cobraron prejubilaciones de empresas para las que nunca habían trabajado.

De hecho, en el auto de la Fiscalía de septiembre pedía que los presuntos autores del delito de malversación respondan solidariamente de la devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales del programa 31L y 22E por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo entre los años 2000 y 2010, que ascienden en conjunto a 741,59 millones de euros.

Vertiente política

Durante los seis años de instrucción han sido innumerables los encontronazos entre los gobiernos de Chaves y Griñán, el PSOE y la juez Alaya, a la que acusaban sin reparos de realizar una causa general contra el ejecutivo andaluz. Pero tantos los informes de la Guarda Civil como los autos judiciales apuntaban que se había destapado un saqueo de las arcas públicas andaluzas y que esos fondos fueron a parar a los bolsillos de exdirectores generales de la Junta, empresarios, sindicalistas, consultoras, mediadores y demás aves de rapiña que olfatearon el dinero fácil sin ningún tipo de control o fiscalización.

Es aquí donde anida el meollo del del caso en su vertiente política: la total ausencia de controles y fiscalización de partidas millonarias pese a las innumerables advertencias de la intervención general del Estado y de la Junta, del despacho Garrigues o de la auditora Price-Waterhouse.

2012 fue un año clave en la instrucción del sumario de los ERE. Con Chaves fuera de la presidencia de la Junta desde 2009 y Griñán al frente del ejecutivo andaluz, la juez deja de centrarse en el destino de los fondos y se centra en la vertiente política del caso. Emitió un polémico auto en el que imputaba de una tacada a casi todo el consejo de gobierno y exconsejeros e incidía en la necesidad de dar un "paso cualitativo" en su investigación para girar las pesquisas hacia los cargos públicos que supuestamente respaldaron un procedimiento administrativo que consideraba ilegal.

El aumento de la presión judicial sobre el gobierno socialista tuvo su repercusión en las elecciones de marzo de 2012, donde el PP gana por primera vez unas elecciones en Andalucía pero Javier Arenas no logra gobernar. Griñán había salvado los muebles, pero un mes después un nuevo auto judicial envía a prisión a un exconsejero de Empleo y la juez responsabiliza a sus superiores (sin dar nombres) de idear este sistema de ayudas. Griñán entiende que el cerco se estrechaba y en julio de 2015 anuncia que dejará la presidencia de la Junta en agosto y construye un cortafuegos con la idea de dar paso a un relevo generacional con Susana Díaz y otros cargos socialistas que no tuvieran relación alguna de gestión con el caso de los ERE.

La exconsejera y exministra Magdalena Álvarez. Foto: EFE

Con Chaves y Griñán refugiados en el aforamiento de sus escaños del Congreso y en el Senado, el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro compartió la tesis de Alaya de que los expresidentes habían cometido un delito de prevaricación pero descartaba la malversación. Ahí acabó la carrera política de Chaves y Griñán, que renunciaron a sus actas y en cuestión de meses pasaron de ser incluso presidentes del PSOE a dos simples jubilados que esperaban con cierto abandono de su propio partido el auto de procesamiento de junio y el escrito de acusación de hoy de la Fiscalía Anticorrupción. En esos días, el ex secretario general del PSOE y candidato, Pedro Sánchez, soltó su famosos "Yo sí soy un político limpio" que enervó al socialismo andaluz que tiene grabado a fuego esta máxima y a la espera de pasarle factura en su intento de resistir como sea en la secretaria del partido. Pero esta es otra batalla que está aún por llegar.

Si el escrito de la Fiscalía censuraba el comportamiento de los expresidentes, el auto de junio del juez Álvaro Martín desmontaba ya la defensa de que "esto era cosa de cuatro golfos", y acusaba a Chaves sólo de prevaricación pero a Griñán y a otros es altos cargos les imputaba el delito de malversación, que implicaba penas de cárcel, como hoy ratifica el escrito de Anticorrupción.

El juez desmontaba entonces todas las tesis de sus defensas de que ellos no sabían nada y les acusaba de conocer los informes de la Intervención General de la Junta que advertían de que desde la Consejería de Empleo se estaba otorgando "ayudas de manera arbitraria, sin procedimiento, e incumpliendo las garantías y fines propios de las ayudas y subvenciones a las que se destinaban aquellas partidas, y no hicieron nada para evitarlo".

Ahora sólo queda ver cuando se produce el juicio, que previsiblemente se realizará el próximo año, y el consuelo entre las filas socialistas de la honradez de Chaves y Griñán, argumentando que en este caso de los ERE a diferencia de otras operaciones que salpican al PP como Púnica o Gürtel o las tramas de Valencia y Baleares, ninguno de los dos ha sido imputado por enriquecimiento personal, por llevarse en maletines el dinero.