El fiscal Alejandro Luzón ha sostenido hoy que los 65 usuarios de las tarjetas "black" de Caja Madrid ocultaron la naturaleza retributiva de las visas de los consejeros al ser "ilegal y contraria a los estatutos", conducta que ha equiparado "al pillaje o la rapiña".

Además, ha cuestionado la actuación del expresidente Miguel Blesa, que aprovechó el sistema de compensación de gastos instaurado en 1988 para "pervertirlo", y que fue continuado durante dos años por su sucesor, Rodrigo Rato, quien "lejos de poner fin a esta práctica" la instauró en Bankia con el supuesto fin de "eludir las limitaciones retributivas impuestas por el Banco de España".

Durante la presentación de las conclusiones, el fiscal Anticorrupción ha considerado que los acusados eran conscientes de la ilegalidad y que por ello encubrieron "eufemísticamente" la auténtica naturaleza de las tarjetas en las actas de los órganos de gobierno bajo la apariencia de gastos de representación.

Ante la sala que preside la juez Ángela Murillo, Luzón ha desmontado la versión de los usuarios, que en su mayoría alegaron que se trataba de tarjetas de libre disposición aunque sometidas a un límite de gasto, y ha afeado a las defensas que hayan tratado de "revestir de legalidad esta práctica a través de abogados, ya sea los sentados en los estrados o disfrazados de peritos".

"La definición de gastos de representación se usaba a modo de eufemismo para ocultar lo que era una tarjeta retributiva a entendimiento de todos los consejeros", ha dicho Luzón, y ha indicado que nunca se hizo alusión a ello porque los consejeros sólo podían percibir dietas por asistencia e indemnizaciones.

Ello habría llevado, según el relato del fiscal, a que "nadie se opusiera" cuando los administradores de Caja Madrid se referían a estas visas como tarjetas de representación "en todos los correos electrónicos", a pesar de que no se ha podido acreditar "ni una sola comida, o reunión, o desplazamiento" traducido en beneficio para la entidad.

El tratamiento tributario sería también otro indicio de delito, ha defendido un contundente Luzón, quien ha asegurado que "no tiene sentido" que los consejeros nunca tributasen lo recibido a través de este sistema, lo que muestra que eran "muy conscientes de que no podían realizar esta declaración pues estarían destapando una retribución ilegal, en 'b', opaca".

Un caso singular, ha dicho, es el de Virgilio Zapatero, el único que devolvió parte de lo gastado más de dos años antes de la denuncia que dio origen al proceso; sin embargo, el Ministerio Fiscal ha optado por mantener su acusación "por la ambigüedad de su relato y una malentendida solidaridad" con el resto de usuarios.

Luzón ha desmarcado al expresidente de la caja Jaime Terceiro del caso, y aunque ha recordado que fue bajo su mandato cuando se crearon estas tarjetas, el concepto primigenio se fue "descontrolando o envileciendo" después, con la llegada de Blesa, cuando se adoptó una conducta "primitiva y depredadora".Ha señalado también a Rato, quien "perdió una buena oportunidad" para cambiar el sistema de su antecesor y lo prolongó para tener liquidez, "como si no fuera suficiente para ello lo que cobraba como presidente de Bankia".

El fiscal ha modificado su escrito de acusación, al considerar como atenuante para una veintena de usuarios el reintegro de las cantidades desembolsadas con las tarjetas y los casos denunciados de clonación.

Por el contrario, mantiene las peticiones iniciales para los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato, para quienes solicitaba seis y cuatro años y medio de prisión, respectivamente, al estimar que las cantidades devueltas son "escasas en proporción a su responsablidad", y ha aumentado a dos años y medio la pena para el ex director general de la caja Ildefonso Sánchez Barcoj.

El letrado de Blesa ha recordado que su cliente reintegró las cantidades completas de las que dispuso con su tarjeta, y ha calificado de "injusto" el tener que hacer frente a una "responsabilidad derivada del uso de la visa por otros usuarios".

La sección cuarta de la sala de lo Penal retomará el juicio el miércoles, cuando el resto de las acusaciones formule sus conclusiones definitivas antes de que las defensas y los 65 usuarios expongan ante el tribunal sus últimos alegatos.