El Tribunal de Cuentas estimó ayer los recursos presentados por los dirigentes del PP Javier Maroto y Alfonso Alonso a la sentencia que les condenó a abonar 393.862 euros por la firma de un contrato de alquiler gravoso para el Ayuntamiento de Vitoria cuando ambos formaban parte de la Corporación.
Uno de los magistrados de la sala emitió un voto particular al juzgar que sí existió una infracción legal en el alquiler de un local de oficinas en la calle San Antonio de Álava.
Además, el PSOE puso en cuestión la imparcialidad de la sentencia, en la que actuó como ponente la exministra Margarita Mariscal de Gante, que formó parte del Gobierno de José María Aznar.
"Chirría", dijo a "Europa Press" el portavoz del PSOE en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) del Tribunal de Cuentas, Antonio Hurtado, quien hizo hincapié en el hecho de que fue la exministra la que admitió el recurso de Maroto y Alonso.
