El Tribunal Constitucional (TC) suspendió ayer cautelarmente los planes del Parlament para celebrar un referéndum soberanista en Cataluña en septiembre de 2017, cifrados en dos resoluciones aprobadas por la Cámara autonómica en octubre, durante el debate de política general.
La suspensión es fruto de un recurso presentado por el Gobierno ante la corte de garantías que ésta admite a trámite por unanimidad, con lo que el desarrollo de los actos legislativos impugnados queda paralizado durante un máximo de cinco meses.
En su providencia, el alto tribunal advierte, como en anteriores ocasiones, a los miembros de la Mesa del Parlament y del Gobierno catalán de las responsabilidades, incluidas las penales, en las que pueden incurrir si no acatan sus decisiones.
No en vano la Cámara autonómica dio luz verde al plan para celebrar el referéndum después de que el TC suspendiera en agosto otra de sus resoluciones: la adoptada el 27 de julio y que permitió la aprobación de las conclusiones de la denominada comisión de estudio del proceso constituyente, en las que el Parlament se reafirmaba en su calendario para romper con el Estado.
Por haber permitido que esa votación se celebrase -acto legislativo que también fue recurrido por el Gobierno- la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, recibió una querella de la Fiscalía por desobediencia y prevaricación por la que mañana declarará como imputada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Esta larga cadena de recursos tiene su origen en la sentencia del TC que en diciembre de 2015 anuló por inconstitucional la proclama soberanista aprobada por la Cámara catalana el día 9 del mes anterior.
La resolución del Parlament que ayer suspendió la corte de garantías llama a la celebración -en septiembre del año que viene, a lo más tardar- de un referéndum vinculante y a la convocatoria de unas elecciones constituyentes seis meses después en caso de que el "sí" a la independencia coseche más del 50 por ciento de los votos.
Además, en otro punto de la resolución impugnada ayer por el TC, la Cámara reclamaba al Govern la convocatoria de una cumbre de fuerzas independentistas para preparar el referéndum. Sin embargo, esa cumbre, anunciada para el próximo día 23, no se convoca atendiendo a la resolución suspendida, sino a otra, aprobada el mismo día y presentada por el Grupo de Catalunya Sí Que Es Pot (ICV, Podemos y EUiA), que Junts pel Sí (JxS) y la CUP respaldaron y que el TC no anuló ayer.
La providencia del TC -que llevó a la antigua Convergència a preguntarse si el Gobierno terminará recurriendo a los "tanques" para impedir el referéndum- llega en plena refriega entre la CUP y JxS por el papel que jugaron el consejero de Interior, Jordi Jané, y los Mossos d'Esquadra en la detención de cinco independentistas por quemar fotos del Rey.
La diputada "cupera" Anna Gabriel exigió al Govern un "compromiso explícito" de que, llegada la hora de la consulta, los Mossos no "actuarán también de oficio diciendo que la población de Cataluña desobedece al Tribunal Constitucional". Jané le respondió que la Policía autonómica, en ese caso, estará, como siempre "al lado del pueblo de Cataluña, de sus instituciones y de la legalidad vigente en Cataluña", informa "Efe".
