Federico Trillo dejará de ser embajador en Londres pero el Gobierno quiere presentarlo más como una remodelación que como una destitución. El cambio en la representación española en Gran Bretaña se hará en el relevo conjunto de 72 embajadores, un cambio aplazado desde hace meses por el largo período de interinidad del Ejecutivo. Los familiares de los 62 militares muertos hace trece años en el accidente del "Yak-42" rechazan lo que califican de "cese enmascarado" y reclaman que el exministro asuma su culpa, después del dictamen del Consejo de Estado en el que se determina que el Ministerio de Defensa tuvo una responsabilidad clara en el siniestro.
El Ministerio de Asuntos Exteriores anunció ayer, un día después de que la oposición pidiera la destitución de Trillo al conocerse la resolución del Consejo de Estado, remodelación que afectará a 72 embajadores. El departamento de Alfonso Dastis trató ayer de desligar el relevo de Trillo en la embajada de Londres, donde lleva desde marzo de 2012, del dictamen del órgano asesor del Gobierno. La interinidad que produjo la falta de acuerdo para desbloquear la legislatura paralizó los nombramientos en Exteriores, según responsables ministeriales. Esa circunstnacia obligó a suspender el proceso de rotación de embajadas del año 2015, provocó que se mantuvieran plazas vacantes y se prorrogó la continuidad de embajadores en edad de jubilación. Todo ello quiere subsanarse ahora con la amplia remodelación que incluiría la salida del exministro Trillo de la Embajada londinense.
Para las familias de los fallecidos esa fórmula se trataría de un "cese enmascarado" frente al que reclaman que el que era titular de Defensa en el momento del accidente asuma la responsabilidad que ahora reconoce el dictamen del Consejo de Estado. La Asociación de Víctimas del Vuelo Ilegal "Yak-42" advertía ayer en un comunicado que "no aceptarán una nueva mentira y humillación si el cese que se produce viene enmascarado por alguna circunstancia que no sea el reconocimiento público de que se produce por la indignidad de desempeñar dicho cargo en nombre de España". Los familiares rechazan además la posibilidad de que Trillo ocupe en el futuro otro cargo público o puesto de representación institucional porque "es la hora de la reparación: lo solicita el Consejo de Estado, la sociedad española y los familiares".
Cospedal comparece
La ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, recibirá la próxima semana a la los representantes de la asociación de víctimas del siniestro, tal como pidieron tras conocerse el dictamen del Consejo de Estado. Además, Cospedal pidió ayer comparecer en comisión en el Congreso. La oposición solicitó su presencia la víspera para informar acerca del informe del Consejo de Estado.
El PSOE celebró ayer que "la presión social y política funciona" para conseguir la destitución de Trillo, quien "no puede ser embajador ni en Londres ni en ningún sitio ni ocupar cargo público", según el portavoz parlamentario de los socialistas, Antonio Hernando.
El Gobierno, por su parte, rechaza reconocer cualquier responsabilidad pasada y se atiene a lo manifestado por Mariano Rajoy, para quien el asunto está "ya sustanciado judicialmente". El Ejecutivo se acoge a que los tribunales, por la vía civil y por la penal, determinaron que el Estado no era responsable de la muerte de los militares. Sin embargo, ahora, el dictamen del Consejo de Estado "ha fijado unas responsabilidades políticas y queremos que se asuman", manifestaba ayer Mario Jiménez, portavoz de la gestora del PSOE.
